Cae hombre de estacionamiento Las Américas y muere en Morelia
MORELIA, Mich., 19 de octubre de 2026.- A un año del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, su viuda, Amelí Navarro Lepez, mantiene la exigencia de justicia integral, mientras las demandas por condiciones dignas para el campo y seguridad para los productores citrícolas de Tierra Caliente permanecen como parte del contexto en el que el dirigente alzó la voz.
Al concluir la misa por el aniversario luctuoso del líder de la organización citrícola del Valle de Apatzingán, Navarro Lepez sostuvo que corresponde a las autoridades esclarecer el crimen y responder por los avances de la investigación, debido a que el caso no solo afecta a su familia, sino que tiene repercusiones para la sociedad.
“Justicia, yo siempre voy a exigir. Se los he dicho desde un principio, justicia integral”, declaró, al señalar que continuará con el reclamo, aunque reconoció que ninguna resolución podrá reparar la ausencia de su esposo.
La viuda también recordó que Bernardo Bravo defendía las demandas de los productores del campo, entre ellas el acceso a precios justos, el trabajo digno y la paz social, en una región donde la extorsión al sector citrícola ha sido uno de los problemas que enfrentan quienes se dedican a esta actividad.
“¿Qué de malo tiene exigir precios justos y condiciones dignas para el campo? ¿Qué de malo tiene exigir paz para la sociedad?”, cuestionó.
El dirigente citrícola fue asesinado en un contexto de asedio del crimen organizado contra productores de limón en el Valle de Apatzingán. Por el caso, las autoridades han reportado detenciones; sin embargo, Navarro Lepez insistió en que la exigencia de justicia debe continuar y que corresponde a las instituciones informar sobre el curso de las investigaciones.
Al ser cuestionada sobre si las condiciones para los productores han mejorado o si continúan las extorsiones en la región, la viuda remitió a los periodistas el seguimiento de la situación social en el Valle de Apatzingán, sin emitir una valoración sobre la evolución de ese problema.
Más allá de la investigación penal, su declaración volvió a colocar en el debate las condiciones en las que los productores reclaman seguridad para trabajar y comercializar sus cosechas, así como el derecho de quienes encabezan esas exigencias a ejercer su actividad sin perder la vida.
“Bernardo tenía derecho a vivir con sus convicciones, con sus exigencias, levantando la voz exigiendo derechos. Y Bernardo tenía derecho a volver a casa después de hacerlo”, expresó.




