FGE, con avances en investigación de homicidio de Arturo Herrera
MORELIA, Mich., 18 de abril de 2025.- El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (Teemich) informó que ha reforzado su control interno con la realización de 17 auditorías y la validación de más de 150 declaraciones patrimoniales durante el último año, como parte de las acciones institucionales reportadas por su Órgano Interno de Control (OIC) en el tercer informe anual de actividades.
El informe, entregado al Congreso de Michoacán, detalla que tan sólo en mayo de 2024, cuando legalmente es obligatoria la actualización, se presentaron 103 declaraciones de modificación patrimonial. A estas se suman 19 declaraciones iniciales y 39 de conclusión a lo largo del periodo comprendido entre marzo de 2024 y marzo de 2025.
Además del control patrimonial, el OIC informó la ejecución de auditorías financiera, de cumplimiento y de desempeño correspondientes al ejercicio 2022, así como la emisión de circulares, opiniones jurídicas y más de 80 oficios sobre temas administrativos y de transparencia.
En el ámbito operativo, se documentaron 33 actas de entrega-recepción en áreas clave como ponencias, oficialías, archivo, contabilidad y coordinación jurídica. También se reportó participación en 13 sesiones del Comité de Adquisiciones, donde se analizaron seguros, compras internas y mejoras operativas del Tribunal.
El informe incluye también solicitudes de reembolso por alimentos y café, presentadas por el Órgano Interno de Control ante la Secretaría de Administración del TEEM, derivadas de reuniones internas de trabajo.
Como parte de su estrategia preventiva, el OIC aprobó el Código de Ética 2024 y activó el programa Enlace Mujer a Mujer, además de participar en foros y capacitaciones sobre acoso laboral, protección de datos, violencia digital, masculinidades positivas y derechos político-electorales.
El documento expone un año de intensa actividad institucional y pretende respaldar el discurso de transparencia y rendición de cuentas del Tribunal, aunque no reporta sanciones derivadas de las auditorías ni procedimientos administrativos concluidos.




