Por extorsión, criminales ganaron hasta 28 mmdp

MORELIA, Mich., 5 de agosto de 2026.- La extorsión en Michoacán dejó de ser solo el cobro de piso a comerciantes. Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado muestran que algunos grupos criminales construyeron un negocio que alcanzó actividades completas de la economía. Además de exigir dinero a productores, transportistas y empresarios, también controlaban la venta de cerveza, pollo y pan, la instalación de internet de Telmex e incluso el cobro del servicio de energía eléctrica de la CFE en algunas regiones.

Las cifras presentadas por el vicefiscal de Inteligencia e Investigación, Israel Vega Rodríguez, muestran el tamaño de ese negocio. 

Las estimaciones presentadas por la Fiscalía General del Estado muestran que solo siete de los principales objetivos criminales detenidos durante 2026 concentraban un impacto económico de al menos 28 mil millones de pesos al año, sin contar los ingresos atribuidos al R1 y La Galleta, de los que la autoridad no presentó una estimación global. 

Uno de ellos es César Alejandro N, alias El Botox, identificado como presunto integrante de Los Blancos de Troya. La Fiscalía estimó que la extorsión al sector limonero pudo generar hasta 2 mil 550 millones de pesos anuales mediante el cobro de cuotas por cada kilogramo de limón producido o comercializado.

Otro caso es el de Jorge Armando N, alias El Licenciado. De acuerdo con la Fiscalía, en temporada de precios altos del aguacate, el cobro ilegal de entre cinco y seis pesos por kilogramo pudo representar una afectación de hasta 10 mil 800 millones de pesos al año.

Las investigaciones también incluyen a Gerardo N, alias El Congo, identificado como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación. La Fiscalía calcula que la extorsión al aguacate representó entre 7 mil 200 y 10 mil 800 millones de pesos anuales, mientras que en el limón la estimación fue de entre mil 713 y 3 mil 426 millones de pesos.

En otros casos, las cantidades fueron menores, pero el mecanismo fue el mismo. Mario Arturo, alias El Calabazo, presunto integrante de Los Caballeros Templarios, habría obtenido alrededor de 5 millones de pesos al año mediante extorsiones a comerciantes y transportistas. Genaro N, alias El Manotas, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, registró una estimación de 4 millones de pesos anuales por cobros a tiendas de abarrotes, transportistas y productores agrícolas.

La Fiscalía también investigó a Jorge Luis N, alias La Galleta o La Coquis, por cobrar cuotas semanales a comerciantes y por exigir pagos a productores de aguacate por cada camión que salía de las huertas de Pátzcuaro. Ernesto Rafael N, alias Sierra 1, y Alfredo N, alias Sierra 2, fueron relacionados con extorsiones a productores de mezcal, resina, madera, propietarios de terrenos y comercios, con una afectación estimada en 250 millones de pesos al año.

Ramón Ángel N, alias R1, fue señalado por dirigir extorsiones contra los sectores aguacatero, limonero y ganadero, además del cobro de piso al comercio. En tanto, Alfonso N, alias La Quiringua, fue investigado por el cobro de un peso por cada kilogramo de aguacate exportado a Estados Unidos, con un impacto económico estimado en 172.8 millones de pesos anuales.

Especialistas advierten que este delito no solo afecta a quien paga la cuota. También aumenta los costos de producción, reduce la capacidad de crecer de las empresas y termina por impactar el precio de los productos que llegan al consumidor.

Fernanda Domínguez y Valeria Moy explican que la extorsión se convirtió en un freno para la economía porque obliga a las empresas a destinar parte de sus ingresos a pagos ilegales y debilita el Estado de Derecho. 

"La extorsión en México es quizás el principal obstáculo que enfrentan las pequeñas y medianas empresas para crecer y ser competitivas. En los hechos, se ha vuelto un impuesto prohibitivo que limita el desarrollo económico... profundiza y quebranta el Estado de derecho e impide que México sea un país de iguales al permitir a algunos acceder a privilegios que no les corresponden", escribieron en el artículo Competitividad y extorsión, publicado en el estudio La extorsión bajo el caleidoscopio, del Observatorio Nacional Ciudadano.