Ha autorizado CEEAV 25 acuerdos para víctimas de feminicidio

MORELIA, Mich., 13 de diciembre de 2017.- De octubre de 2017 a la fecha, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) ha autorizado 25 acuerdos de ayuda o de reparación integral en beneficio de siete víctimas directas y 20 indirectas.

Señala un comunicado de prensa que, lo anterior, con base en el derecho de las víctimas a la asistencia y a la atención, “los cuales se garantizarán incluyendo siempre un enfoque transversal de género y diferencial”, como lo establece el artículo 9 de la Ley General de Víctimas.

De acuerdo al registro de la Secretaría Técnica de la CEEAV, del total de los acuerdos autorizados por la titular de este órgano, Selene Vázquez Alatorre seis se refieren a casos de feminicidio, cuatro de homicidio, tres de lesiones, dos por violación, e igual número por responsabilidad profesional y técnica, violaciones a derechos humanos y desaparición.

El resto de los casos son por secuestro, secuestro exprés y robo calificado, violencia de género, abuso sexual y violación, con un caso cada uno.

Del total de los expedientes, 18 se refieren a casos registrados en Morelia, dos en Apatzingán y el resto en Zinapécuaro, Charapan, Lázaro Cárdenas y Jungapeo.

De acuerdo al artículo 59 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán, los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral “se aplicarán para otorgar apoyos de carácter económico a la víctima, los cuales podrán ser de ayuda, asistencia o reparación integral…”

En el caso de los apoyos otorgados por la CEEAV, la mayor parte se han destinado a gastos funerarios, seguido por proyectos productivos a través de los cuales las víctimas buscan recuperar su proyecto de vida.

Los apoyos también se han otorgado para transporte, terapias médicas y psicológicas así como el pago de diversos servicios que requieren las víctimas.

De acuerdo a la Ley General de Víctimas “Se entiende por asistencia el conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico, social, cultural, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política. Entre estas medidas, las víctimas contarán con asistencia médica especializada incluyendo la psiquiátrica, psicológica, traumatológica y tanatológica”.