Puebla arranca agosto con una muerte violenta cada 19 horas
MORELIA, Mich., 29 de enero de 2026.- En septiembre de 2020, las calles de Morelia y las redes sociales se inundaron con una sola exigencia, justicia para Jessica González Villaseñor, docente que fuera reportada como desaparecida, para días más tarde ser localizada sin vida.
A poco más de cinco años, la sala segunda unitaria en materia penal, de la región de Morelia, ratificó la sentencia de 50 años de prisión para su feminicida, Diego Urik.
La desaparición y el feminicidio de Jessica González puso bajo la luz pública, de nueva cuenta, la necesidad tanto de leyes más eficientes para sancionar a quienes incurran en estos delitos, mecanismos para prevenir su comisión y la necesidad de hacer valer las leyes que protegen los derechos de las víctimas, directas e indirectas, de delitos de violencia de género.
Fue en septiembre de 2020 cuando se dió la alerta, primero en redes sociales, luego en las calles, de la desaparición de la joven profesora, atribuida a Diego Urik, entre señalamientos de una investigación y proceder de las autoridades deficiente.
Lamentablemente, pocos días después se encontró a González Villaseñor sin vida, en una zona boscosa al sur de Morelia.
La detención del entonces presunto responsable se realizó en Jalisco, dónde se había trasladado tras ser relacionado con la desaparición y muerte de la joven.
Apenas cuatro años antes, se había decretado la alerta de violencia de género (AVG) en 14 municipios de Michoacán, Apatzingán, Ciudad Hidalgo, Huetamo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Maravatío, Morelia, Pátzcuaro, Sahuayo, Tacámbaro, Uruapan, Zamora y Zitácuaro.
Más de tres años y 130 pruebas e indicios debieron pasar para que se emitiera una sentencia condenatoria en contra de Diego Urik, donde se determinó que este fue el responsable del feminicidio de Jessica González; violencia física, psicológica y sexual, y privación ilegal de la libertad, por lo que se le impulso una pena corporal de 50 años.
En el procedimiento salieron a la luz señalamientos de intimidación de parte de la familia de Diego Urik a comunicadores que dieron cobertura al juicio, tratos preferenciales para este en reclusión y la presunta participación en eventos irregulares de otras personas.
La pena impuesta a Diego Urik fue posteriormente reducida a 42 años y seis meses, con los argumentos de la edad del imputado y la posibilidad de lograr su reinserción social, lo que llevo a la inconformidad de las víctimas indirectas, colectivas feministas y diversos sectores sociales.
Esta inconformidad se tradujo en otro procedimiento legal, que recientemente revirtió esa decisión para nuevamente establecer la pena en 50 años de prisión, al definir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que los argumentos para la reducción de la pena no eran aplicables en los delitos de feminicidio.
Además, el pago de poco más de 1.2 millones de pesos por concepto de indemnización y gastos funerarios, y la reparación del daño moral a las víctimas indirectas.
En diciembre de 2025, Verónica Villaseñor, madre de Jessica González, fue reconocida con el Mérito de Derechos Humanos, por su lucha para obtener justicia para la docente, que llevó a proyectos de ley para agravar las penas por el ilícito de feminicidio.




