Extiende crimen organizado uso de drones y minas en 15 municipios más

MORELIA, Mich., 3 de noviembre de 2026.- Aunque la utilización de drones con explosivos por parte del crimen organizado se ha documentado principalmente en el Valle de Apatzingán, donde la violencia provoca el éxodo constante de familias campesinas, la presencia de estos artefactos no se limita a una región. De acuerdo a la cobertura periodística, entre 2025 y 2026 se han suscitado ataques con drones y minas en 15 municipios más.

La distribución de los hechos confirmados por las autoridades y documentados en medios de comunicación contempla municipios de la Costa, Meseta Purépecha, Zamora, Lerma-Chapala, Oriente y hasta el bajo Balsas. 

Por ejemplo, en la región Zamora, Jacona y Tangamandapio se registraron hallazgos de explosivos en enero de 2025. En Jacona, el día 27, autoridades localizaron 10 artefactos explosivos improvisados en cinco campamentos clandestinos; los dispositivos presuntamente serían lanzados desde drones. Un día después, en la comunidad indígena de La Cantera, en Tangamandapio, integrantes de la ronda comunitaria localizaron dos explosivos entre la maleza y las piedras de una brecha.

En respuesta, el equipo especializado de la Guardia Civil acudió para desactivarlos.

En la Meseta Purépecha, Uruapan y Nahuatzen también registraron dispositivos adaptados para aeronaves no tripuladas. El 20 de agosto de 2025, en la localidad de Río Volga, municipio de Uruapan, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y del Ejército desactivaron tres explosivos fabricados para ser arrojados desde drones. El 16 de diciembre, en la zona serrana de Comachuén, municipio de Nahuatzen, las autoridades aseguraron 32 granadas modificadas para su lanzamiento desde drones y dos artefactos explosivos improvisados.

En la región de Los Reyes, el 27 de mayo de 2025, una mina terrestre explotó al paso de un vehículo militar en una brecha de la localidad de El Santuario, en los límites de Michoacán y Jalisco. La detonación provocó la muerte de seis agentes de las fuerzas armadas y dejó dos militares lesionados.

En la Tierra Caliente de Huetamo, ya en el bajo Balsas, Tuzantla registró el aseguramiento y destrucción de 12 artefactos explosivos el 17 de junio de 2025. Durante el mismo operativo, las autoridades inhibieron cinco vuelos de drones. En Tacámbaro, también Tierra Caliente, el 27 de noviembre, elementos de seguridad localizaron dos granadas de fabricación artesanal en la localidad de Pedernales, elaboradas con tubos de PVC, pólvora y metralla de clavos de acero.

En Queréndaro, el 1 de agosto de 2025, se reportaron enfrentamientos armados, ataques con drones y el incendio de la vivienda de la alcaldesa. Posteriormente, el 22 y 23 de abril de 2026, habitantes de la colonia El Calvario alertaron sobre la presencia de drones y una explosión. 

En Zinapécuaro, el 14 de octubre de 2025, un grupo armado atacó la Presidencia Municipal con armas de fuego y explosivos lanzados desde drones. La agresión también causó daños en tres viviendas y dejó a una mujer adulta mayor lesionada por una esquirla. La Fiscalía General del Estado reportó la detención de tres personas que portaban armas de fuego y cinco granadas de fragmentación. El 23 de abril de 2026, habitantes reportaron nuevos enfrentamientos y explosiones, además de presuntos ataques con artefactos lanzados desde aeronaves no tripuladas.

En la Sierra-Costa, Chinicuila registró dos intervenciones. El 23 de abril de 2025, autoridades desactivaron cuatro minas terrestres localizadas en una brecha que conducía a la localidad de El Salitre, en el tramo Estopila-Coahuayula. El 16 de junio de 2026, elementos del Ejército localizaron alrededor de 100 artefactos explosivos improvisados en la comunidad de El Aguacate, entre ellos dispositivos tipo mina y otros adaptados para drones.

En Coahuayana, el 6 de diciembre de 2025, un vehículo cargado con explosivos estalló frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria. La detonación dejó cinco personas muertas y 12 lesionadas, y lo que derivó en la intervención inmediata de las autoridades federales.

En Aquila, el 15 de enero de 2026, un hombre murió por la explosión de una mina terrestre en la localidad de Los Ocotes. Tras el estallido, las autoridades localizaron otros dos dispositivos en el lugar y procedieron a desactivarlos.

En Tingüindín, el 16 de junio de 2026, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército localizaron seis artefactos explosivos improvisados durante recorridos de vigilancia. Personal especializado realizó su desactivación.

Los hechos documentados en estos municipios muestran distintas modalidades de utilización de explosivos por parte de grupos criminales: granadas modificadas para lanzarse desde drones, minas terrestres colocadas en caminos rurales, artefactos improvisados y cargas explosivas instaladas en vehículos. Las detonaciones dejaron víctimas entre personal militar y población civil, es decir, nadie está a salvo. 

Los operadores de este equipo son variables, las autoridades han documentado la presencia de exmilitares mexicanos, extranjeros provenientes de países como Colombia y Venezuela, pero también el uso de trabajadores de pirotecnia.