Extorsión frena llegada de inversiones en Michoacán, advierte Canacintra
MORELIA, Mich., 3 de junio de 2026.- La desaparición de una periodista en Veracruz reavivó este miércoles las alertas sober la violencia que enfrenta el gremio periodístico en México, un fenómeno que ha cobrado la vida de decenas de comunicadores y que continúa representando una amenaza para la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a la información.
El tema llegó al Congreso de Michoacán durante la sesión extraordinaria, donde se advirtió que los ataques contra periodistas no sólo afectan a quienes ejercen la profesión, sino que impactan directamente en la vida democrática del país al intentar silenciar hechos de interés público.
Fue el diputado de MC, Antonio Carreño, quien llevó el asunto a tribuna al referirse a la privación ilegal de la libertad de una comunicadora en Veracruz, hecho que calificó como “cobarde, atroz y lamentable” y que, dijo, refleja una problemática cada vez más recurrente en México.
Durante su intervención citó cifras de la organización Artículo 19, según las cuales más de 47 periodistas han sido asesinados en el país desde 2018. Para Michoacán, señaló uqe los registros varían entre cinco y ocho víctimas, dependiendo de la metodología utilizada.
“Cuando la verdad se busca callar, cuando no se busca transparentar lo que sucede en nuestro país, quien sufre no sólo son los periodistas y sus familias, es todo el país”, expresó.
El legislador sostuvo que la violencia contra la prensa constituye un atentado contra la demoncracia, al limitar el acceso de la ciudadanía a información relevante sobre asuntos públicos.
“Mientras nos sigan callando, mientras nos sigan matando, este país no va a poder seguir construyendo democracia ni construir justicia”, afirmó.
Finalmente, llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a fortalecer las acciones de protección para periodistas y a garantizar, tanto en la práctica como mediante recursos presupruestales, la libertad de expresión y la seguridad de quienes ejercen labores informativas.
El posicionamiento ocurrió en un contexto de creciente preocupación por las agresiones contra comunicadoresen distintas regiones del país, una problemática que organismos defensores de la libertad de prensa han señalado de manera reiterada en los últimos años.




