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CIUDAD DE MÉXICO, 5 de noviembre de 2017.- La ejecución del mexicano Rubén Ramírez Cárdenas, programada para el miércoles 8 de noviembre en Texas, coloca sobre la mesa otra vez el tema de la defensa de los connacionales en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que se ve limitada por las leyes locales y el alcance de los acuerdos jurídicos bilaterales y multilaterales, así como por la escasez de recursos con los que a menudo debe enfrentarse el juicio.
De acuerdo con El Universal, a Ramírez Cárdenas, de 47 años y originario de Irapuato,Guanajuato, el Departamento de Justicia Criminal de Texas le dictó en agosto la fecha en que será ejecutado por inyección letal en el Pabellón de la Muerte del presidio Allan B. Polunsky de Livingstone, a 120 kilómetros de Houston, por el secuestro, violación y homicidio en 1997 de su prima hermana Mayra Azucena Laguna, de 16 años de edad, en Retama Village, al sur de ese estado.
El día del asesinato, Ramírez Cárdenas y su amigo Tony Castillo supuestamente entraron a la habitación de Laguna y la llevaron a un paraje solitario, donde se perpetró el ataque. Más tarde, Castillo denunció a Ramírez Cárdenas y se entregó a las autoridades, que lo condenaron a 25 años de cárcel.
Ramírez Cárdenas aceptó que había consumido alcohol y pastillas, pero argumentó que se quedó dormido y que el autor de los hechos fue su amigo. Sin embargo, las autoridades han descartado varias apelaciones en la Corte Federal del Quinto Circuito de Texas, en las que se asegura que no se respetaron los derechos consulares del connacional, que fue golpeado por policías y obligado a firmar una declaración de culpabilidad.




