Determina juez sobreseer amparo de exjuzgador que pedía indemnización

MORELIA, Mich., 10 de junio de 2026. - Un juzgado federal determinó sobreseer el juicio de amparo promovido por un exjuzgador que reclamaba el pago de una indemnización derivada de su salida del Poder Judicial de Michoacán tras participar en la elección judicial de 2025 sin resultar electo.

La resolución corresponde al juicio de amparo 550/2026, radicado en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, promovido por Julio César, quien solicitó el pago de una indemnización constitucional equivalente a tres meses de salario integrado, además de 20 días por cada año de servicio prestado y otras prestaciones laborales.

El antecedente del caso se encuentra en los cambios derivados de la reforma judicial y de los acuerdos emitidos por el Órgano de Administración Judicial. Tras no obtener el triunfo en la elección judicial de 2025, el exjuzgador solicitó el pago de las prestaciones que consideró procedentes con motivo de la conclusión de su encargo.

Sin embargo, al analizar el asunto, el juzgado federal concluyó que la controversia planteada no corresponde a la materia constitucional susceptible de revisarse mediante juicio de amparo. La autoridad jurisdiccional consideró que el reclamo tiene origen en una relación de carácter laboral entre el exfuncionario y las instancias administrativas del Poder Judicial.

La resolución establece que las autoridades señaladas como responsables no actuaron con el carácter de autoridad frente al promovente, sino en una relación equiparable a la de patrón y trabajador. Por ello, cualquier inconformidad relacionada con salarios, indemnizaciones o prestaciones debe ventilarse ante las instancias laborales competentes.

El juzgado precisó que el acto reclamado carece de los elementos necesarios para considerarse un acto de autoridad derivado de una relación de supra subordinación, requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo.

El caso se suma a una serie de recursos promovidos por exjueces y exmagistrados de Michoacán tras la implementación de la reforma judicial. Algunos exintegrantes del Poder Judicial han recurrido tanto a la vía de amparo como a procedimientos laborales para reclamar pagos relacionados con indemnizaciones, haberes de retiro y otras prestaciones derivadas de su separación del cargo.

Las resoluciones emitidas hasta ahora han comenzado a delinear los criterios jurídicos bajo los cuales deberán resolverse las controversias surgidas durante la transición del nuevo modelo judicial en Michoacán, particularmente aquellas vinculadas con los derechos laborales de quienes dejaron sus funciones a partir de la renovación de juzgadores.

El inicio del conflicto… 

La reforma judicial impulsó un proceso de renovación escalonada de jueces y magistrados en Michoacán, con una primera etapa prevista para 2025 y una segunda para 2027. Como parte de esa transición, decenas de juzgadores optaron por separarse de sus cargos mediante esquemas de retiro anticipado promovidos por las autoridades judiciales, con el objetivo de liberar plazas para la integración de nuevos perfiles dentro del sistema de impartición de justicia.

A partir de la entrada en funciones de los nuevos órganos de administración del Poder Judicial, surgieron controversias relacionadas con la interpretación y aplicación de los acuerdos adoptados durante la etapa previa a la reforma. Exjueces y exmagistrados han promovido recursos legales ante instancias federales y laborales para reclamar prestaciones derivadas de su separación del cargo, lo que abrió un conflicto jurídico que permanece en curso.

La inconformidad no se limita a un caso particular. En las últimas semanas, varios exintegrantes del Poder Judicial han cuestionado públicamente el cumplimiento de los compromisos asumidos durante el proceso de retiro y han anunciado acciones legales y posibles manifestaciones para exigir una solución. El diferendo ocurre en medio de la implementación de la reforma judicial en Michoacán, un proceso que aún enfrenta retos administrativos, laborales y operativos conforme avanza la sustitución gradual de juzgadores.

La respuesta del magistrado Presidente Hugo Gama Coria ha sido contundente: se ajustarán a lo que resuelva la autoridad jurisdiccional de Distrito y se harán los pagos correspondientes conforme la ley y no sólo a capricho. 

De acuerdo con el titular del Poder Judicial, hasta el momento se ha cubierto el pago a 48 personas que optaron por retirarse de sus funciones, luego de que la institución realizara el análisis jurídico de las disposiciones contenidas en la reforma para determinar el monto correspondiente a cada servidor público.

"Se han pagado más de 70 millones de pesos en indemnizaciones constitucionales a 48 jueces y juezas, incluidos también exmagistrados y un consejero del Poder Judicial. Nosotros hicimos el análisis de las disposiciones que contenía la reforma judicial y procedimos a hacer los pagos de diversas cantidades", señaló al concluir su informe anual de actividades.

Sin embargo, el proceso no ha estado exento de inconformidades. Un grupo de exintegrantes del Poder Judicial ha cuestionado los montos recibidos y promovió juicios de amparo al considerar que las indemnizaciones y prestaciones económicas que les corresponden deben ser mayores, particularmente en lo relacionado con sus derechos pensionarios tras años de servicio como jueces y magistrados.