Defensoría Pública, sin protocolos para personas con discapacidad

MORELIA, Mich., 20 de septiembre de 2020.- Bajo los argumentos de que no cuenta con personal especializado, el Instituto de la Defensoría Pública podría estar implicado en vulneración a derechos humanos de cientos de personas privadas de la libertad con una discapacidad psicosocial en conflicto con la ley. 

“Respecto al protocolo de atención diferenciada personas con una condición psicosocial, psiquiátrica, psíquica, trastorno mental, enajenado, con retraso mental o algún padecimiento relacionado enfermedad mental y sus familias y tú eres padres de familia o familiar responsable de sus cuidados, me permito informarle que su instituto no posee el protocolo ya que no cuenta con personal especializado en psicología que pueda brindar una atención especial a estos usuarios”, dice a la letra el oficio de acceso a la información pública IDP/DG/SA/00847920/2020.

La ausencia de este protocolo de atención podría derivar en que las personas justiciables lleguen ante los tribunales sin una defensa idónea, y con ello la vulneración de su derecho al acceso a la justicia, de acuerdo a su condición.

A decir del abogado Alex Chávez Rojas, con experiencia en representar a personas con una discapacidad psicosocial, la ausencia de este protocolo “no garantiza el acceso a la justicia. Porque no se le da el trato especial y  al no establecer este dato, se le pone a un estado de vulnerabilidad”. 

Recordó que en años recientes representó a una mujer con una discapacidad psicosocial que inicialmente fue asistida legalmente por un defensor público y jamás se le dio la atención, de acuerdo a su condición, hecho que llevó a la mujer, acusada de homicidio, a ser privada de la libertad. No fue sino hasta que se solicitó el peritaje de especialistas en psiquiatría, por parte de los defensores privados, que se restituyó sus derecho constitucional a una defensa idónea y con ello a la justicia. 

Cuestionado al respecto, Francisco López, secretario Técnico del Instituto de la Defensoría Pública, argumentó que deben ser los familiares quienes acrediten alguna discapacidad psicosocial de la persona en conflicto con la ley, pues los abogados públicos no cuentan con recursos para solicitar los peritajes en las instituciones para acreditar la condición del defendido. Pero aun así, afirmó que existen garantías del acceso a la justicia de sus representados. 

“Efectivamente no tenemos un protocolo. Pero en el instituto de la defensoría tenemos la indicación y práctica de apoyar a todas las personas, incluyendo por supuesto a las personas que se encuentran en esta condición o hipótesis”, explicó. 

El funcionario público también manifestó que es a través de la familia que se hacen llegar información y acreditación de alguna discapacidad psicosocial, dejando entrever que ante el abandono de imputado por parte de la familia en alguna etapa del proceso, la persona quedaría expuesta a ser juzgada a tabla rasa. 

También señaló que, con todo y que es parte de los actos de investigación de una defensa idónea, los abogados del instituto “no pueden por sí mismos acudir ante los psicólogos o particulares o de atención de gobierno a pedir que hagan una constancia de que la persona se encuentra enferma física o psicológica”, porque esa dependencia no cuenta con suficientes fondos, a diferencia de la Fiscalía General de Michoacán.

No obstante, el secretario Técnico señaló que las personas que no cuentan con solvencia financiera y son discapacitados psicosocial sí tienen garantizada la representación legal, de manera idónea, con o sin dinero, con o sin familia. Además de que están en negociaciones para que el Colegio de Psicólogos de la Universidad Michoacana les brinde atención a sus representados. 

Últimos casos en Michoacán

Entre los casos recientes, mediáticos, se encuentra el de una mujer en Uruapan, investigada por la Fiscalía General de Michoacán de homicidio calificado en contra de su menor hijo. Persona imputada cuya pareja sentimental y familiares dejaron en claro que existía la duda de su condición mental, porque había externado su necesidad de atención psiquiátrica, pero que no recibió. 

En las primeras 48 horas de la investigación, la Fiscalía dio trámite a un peritaje médico psiquiátrico, para presentar a la detenida ante un juez, sin embargo, el abogado público que representó a la mujer, una joven de 22 años, desistió de solicitar la ampliación del término constitucional a 144 horas, para realizar cualquier acto de investigación que beneficiara a la detenida, quien ya se encontraba en condición de abandono familiar. 

La detenida fue vinculada a proceso el pasado 7 de agosto y destinada a prisión preventiva oficiosa a un centro de reinserción social, sin garantía de atención psiquiátrica.

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