Cuesta hasta 100 mil pesos acceder a la justicia en Michoacán: Abogado
03 de noviembre de 2026
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18:00
Cecilia Sierra/Quadratín Michoacán
Cecilia Sierra/Quadratín Michoacán
MORELIA, Mich., 3 de noviembre de 2026.- El costo de una defensa penal privada puede alcanzar los 100 mil pesos en casos de secuestro y homicidio en Michoacán, mientras que algunas pruebas periciales representan gastos de hasta 50 mil pesos. En el acceso a la justicia, la condición socioeconómica sigue siendo una barrera, pese a la reforma y la oralidad.
El abogado penalista y catedrático de la Universidad Michoacana, Alex Chávez, reconoció que el acceso a la justicia no depende únicamente de contratar a un abogado, sino también de cubrir los gastos necesarios para integrar pruebas y sostener una estrategia jurídica con base en datos objetivos y científicos.
"Cuando la gente no tiene recursos, es complejo ayudarle como abogado particular, porque se requiere para gastos ordinarios y, si se requieren peritos, ¿cómo le va a hacer? Hay periciales que salen hasta 50 mil pesos", expuso.
#Justicia | Una defensa penal por secuestro u homicidio puede costar hasta 100 mil pesos en Michoacán, mientras que algunas pruebas periciales alcanzan los 50 mil. Especialistas advierten que el acceso a la justicia también está condicionado por la capacidad económica de las… pic.twitter.com/pwf88xh2q1
Relató que en Michoacán, ni en otros puntos del país, los honorarios no tienen una tarifa fija, pues dependen del tipo de delito, las circunstancias y el trabajo que demande cada representación. Como referencia, indicó que un procedimiento por robo sin violencia, susceptible de resolverse mediante mecanismos alternativos y acuerdos reparatorios, puede costar entre 5 mil y 20 mil pesos.
"Hay personas que ni eso pueden pagar", señaló al referirse a los gastos de representación en delitos patrimoniales, en especial porque lo que llevó a las personas a entrar en conflicto con la ley penal es justamente las carencias económicas y patrimoniales.
Para casos graves, como secuestro y homicidio, estimó que los honorarios pueden alcanzar alrededor de 100 mil pesos.
Chávez advirtió que esta situación representa una restricción para quienes carecen de recursos económicos, incluso cuando cuentan con la posibilidad de recurrir a una defensa pública, pues los gastos relacionados con la obtención de pruebas científicas también pueden complicar la integración de una estrategia jurídica.
"Hay periciales que salen hasta 50 mil pesos. Entonces, técnicamente, ayudarle es complicado. No importa si es defensa pública o privada. Sin prueba científica, estaría perdido el asunto", sostuvo.
Ante esta situación, planteó la creación de un sistema pericial autónomo, independiente de la Fiscalía General del Estado, al que puedan acceder tanto las personas imputadas como las asesorías jurídicas de las víctimas.
“Es necesario que se cuente como estado con un sistema pericial autónomo que apoye a los ciudadanos, pero no hay uno. Se necesita uno que no dependa de la Fiscalía, totalmente autónomo, para que pueda acceder la asesoría jurídica o el imputado y tener mayor acceso a la justicia”, señaló.
El abogado consideró que contar con especialistas independientes permitiría reducir las limitaciones económicas para obtener dictámenes periciales y ampliar las posibilidades de acceso a la justicia, sin que la capacidad de pago determine los recursos técnicos disponibles para sostener una defensa.