En abandono, 12 gatos en colonia Jacarandas tras la muerte de su dueña
MORELIA, Mich., 20 de noviembre de 2026.- México registra 130 mil 758 personas desaparecidas y no localizadas. De esta cifra, 20 mil 980 casos corresponden al actual sexenio de Claudia Sheinbaum, lo que representa un promedio de 27 desapariciones diarias. En tanto, en Michoacán el índice de denuncias de desapariciones cometidas por particulares aumentó en más de 500 por ciento, según cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó en su informe la gravedad de la crisis que enfrenta el país, marcada por la impunidad, la escasa judicialización de los casos y la baja emisión de sentencias. El organismo calificó como apremiante la situación que prevalece en materia de desapariciones.
De acuerdo con el conteo diario de TResearch, Michoacán ocupa el segundo lugar nacional en personas desaparecidas y no localizadas, con mil 849 registros. Le siguen la Ciudad de México, con dos mil 199; Baja California, con mil 443, y Sonora, con mil 266. Los seis estados con mayor incidencia concentran el 48 por ciento de los casos registrados durante el actual sexenio.
La problemática también se refleja en las denuncias por desaparición cometida por particulares en Michoacán. Como informó Quadratín, estos registros aumentaron 612 por ciento entre 2021 y 2025, al alcanzar mil 182 denuncias, de acuerdo con las cifras oficiales del sistema de monitoreo de incidencia delictiva de la Fiscalía.
La tendencia se mantiene durante 2026. Entre enero y septiembre, la Fiscalía contabilizó mil 89 casos, equivalentes al 92 por ciento del total reportado durante todo 2025.
En su informe, con corte a junio de 2025, la CIDH señaló que México acumulaba más de 128 mil personas desaparecidas. Además, refirió que conteos independientes estimaban más de 70 mil cuerpos bajo custodia del Estado sin identificar.
El organismo atribuyó una parte importante de las desapariciones al crimen organizado; sin embargo, advirtió que las desapariciones forzadas, aquellas en las que participan funcionarios públicos, tampoco han sido erradicadas.
El documento expone casos en los que presuntamente existió complicidad entre grupos del crimen organizado y autoridades responsables de la seguridad, la procuración de justicia e incluso autoridades políticas.
El panorama evidencia los desafíos que enfrenta México para localizar a las personas desaparecidas, identificar los cuerpos y garantizar justicia a las víctimas y sus familias.




