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MORELIA, Mich., 20 de noviembre de 2026.- De 750 aspirantes, el Instituto Nacional Electoral (INE) designó -en algunos casos ratificó- a 132 ciudadanos para integrar los 11 consejos distritales de Michoacán, responsables de vigilar la organización de las elecciones de 2027. La autoridad electoral asegura que superaron filtros para garantizar su independencia frente a los partidos políticos.
En entrevista con Quadratín, después de la sesión pública en la que este viernes el Consejo Local aprobó las designaciones, David Alejandro Delgado Arroyo, presidente de este órgano electoral, explicó que el procedimiento incluyó verificaciones internas y externas para revisar antecedentes de militancia partidista, candidaturas y posibles impedimentos legales.
Detalló que se consultaron los registros de militancia disponibles en los sistemas del INE y los antecedentes de candidaturas mediante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, además de verificar la vigencia de los derechos políticos y de las credenciales para votar.
A estas revisiones se sumó la aplicación de los criterios de la denominada Ley 8 de 8, mediante consulta a distintas instituciones federales y estatales, entre ellas el Poder Judicial, la Fiscalía y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Las verificaciones abarcaron posibles impedimentos relacionados con sentencias por determinados delitos de violencia, violencia política contra las mujeres en razón de género y obligaciones alimentarias, conforme a los supuestos establecidos en la legislación.
"Yo creo que son muchos candados, muchos procedimientos de verificación que han superado los que van a integrar los consejos distritales", sostuvo el funcionario.
El procedimiento también contempló la revisión de los perfiles por parte de las representaciones partidistas, que tuvieron acceso a las propuestas durante más de una semana para formular observaciones sobre las personas seleccionadas.
Sin embargo, Delgado Arroyo aseguró que ningún partido presentó objeciones, ni durante el periodo establecido para ello ni en la sesión de este viernes, cuando el Consejo Local aprobó las designaciones.
De acuerdo con el expediente sometido a consideración del órgano electoral, las propuestas fueron entregadas a las representaciones partidistas el 9 de noviembre, con actualizaciones posteriores los días 10 y 13, mientras que el plazo para presentar observaciones concluyó el 17 del mismo mes.
El acuerdo también establece que la afiliación partidista no constituye por sí sola un impedimento automático para ocupar una consejería, aunque debe considerarse al evaluar la independencia e idoneidad de cada aspirante.
Asimismo, precisa que, al momento de elaborar el documento, todavía estaban pendientes algunas respuestas de las instituciones consultadas, por lo que se instruyó continuar las verificaciones y analizar la información faltante.
Aunque su designación suele quedar fuera del debate público, los consejos distritales constituyen uno de los principales espacios de participación ciudadana dentro de la estructura del INE y desempeñan funciones que inciden directamente en la organización y los resultados de las elecciones.
No se trata únicamente de ciudadanos que observan el proceso electoral. Sus integrantes participan en decisiones sobre el número y la ubicación de las casillas donde acudirá a votar la población, así como en la selección de las personas que integrarán las mesas directivas encargadas de recibir y contar los sufragios.
También vigilan la instalación de las casillas, supervisan el cumplimiento de las disposiciones electorales y participan en los procedimientos relacionados con el registro de candidaturas a diputaciones federales de mayoría relativa.
Una de sus responsabilidades más relevantes llega después de la jornada electoral, cuando los consejos distritales realizan los cómputos oficiales de la votación correspondiente a su demarcación.
Es decir, intervienen en la etapa en la que se revisan las actas y se determinan los resultados distritales de la elección, una función particularmente sensible ante posibles controversias entre partidos y candidaturas.
Por ello, la independencia de quienes integran estos organismos constituye una condición esencial para que las decisiones electorales se adopten conforme a la ley y no en función de intereses políticos.
Cada uno de los 11 consejos contará con seis consejerías propietarias, con derecho a voz y voto, y seis suplentes. La presidencia corresponderá a la persona titular de la Vocalía Ejecutiva del distrito, quien también participa en las decisiones del órgano colegiado.
Los representantes de los partidos políticos podrán intervenir en las sesiones, pero no tendrán derecho a voto.
El procedimiento comenzó con 750 personas interesadas en ocupar una consejería distrital. De ellas, 460 integraron expedientes electrónicos y 387 concluyeron satisfactoriamente el registro y cotejo documental.
La integración aprobada contempla 66 consejerías propietarias y 66 suplentes, distribuidas en los distritos federales de Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Zitácuaro, Jiquilpan, Zamora, Hidalgo, Zacapu, Uruapan, Pátzcuaro y los dos correspondientes a Morelia.
Del total de nombramientos, 48 corresponden a ratificaciones de personas que ya desempeñaban estas responsabilidades, mientras que 84 son nuevas designaciones para ocupar los cargos disponibles.
El acuerdo establece que 67 de los 132 espacios serán ocupados por mujeres, equivalentes al 50.75 por ciento de la integración total, mientras que 17 integrantes pertenecen a grupos en situación de discriminación.
Para seleccionar a los aspirantes, también se consideraron aspectos como experiencia electoral, trayectoria profesional, participación comunitaria, conocimiento del entorno distrital y disponibilidad para cumplir las responsabilidades del cargo.
El documento señala que la experiencia previa no constituye un derecho automático a permanecer en una consejería, pues las ratificaciones también están sujetas al cumplimiento de requisitos y a una evaluación de idoneidad.
En ese contexto, el Consejo Local determinó no ratificar a una persona que ocupaba la consejería propietaria de la fórmula seis del distrito 09, con cabecera en Uruapan, por observaciones documentales no solventadas y un supuesto conflicto de interés.
De acuerdo con el expediente, la persona ocupaba un cargo directivo en la Presidencia Municipal de Uruapan que no había declarado en su currículum, circunstancia considerada incompatible con las condiciones de independencia e imparcialidad requeridas para la función electoral.
La decisión constituye uno de los casos en los que los filtros de selección derivaron en la exclusión de una persona que previamente había desempeñado responsabilidades dentro de la estructura electoral.




