En 2014, piratería le costó al país más de 43 mil mdp

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de febrero de 2016.- La piratería es un negocio millonario que no solo afecta a la economía nacional, sino perjudica gravemente el desarrollo científico y tecnológico del país, aseguró el diputado José Bernardo Quezada Salas.

Según un comunicado, por lo anterior, el legislador de Nueva Alianza presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a fin de que se incluyan en la normatividad los delitos en materia de falsificación de marcas protegidas, previstos en la Ley de la Propiedad Industrial.

Con esta propuesta, se busca que los presuntos infractores por delitos en materia de propiedad industrial sean investigados, procesados, y en su caso, sancionados, no sólo conforme a lo previsto en la ley en la materia, sino también conforme a lo dispuesto en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

En Tribuna, el también Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología afirmó que “en Nueva Alianza estamos comprometidos con el fortalecimiento de la legalidad y combate a la delincuencia organizada, por lo que con la presente iniciativa pretendemos investigar, perseguir y en su caso, sancionar de manera efectiva a aquellos que incurran en la comisión del delito de piratería en todas sus modalidades”.

Explicó que de acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial, falsificar en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas; producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas la Ley, son actividades consideradas como delitos.

Anteriormente, detalló, estos delitos eran considerados como graves en el Código Federal de Procedimientos Penales. Sin embargo, con la expedición del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y la reforma integral al Sistema penal, los delitos de falsificación previstos en la Ley de Propiedad Industrial no se contemplan.

“Lo anterior significa que en la investigación, persecución y sanción de dichas actividades delictivas, no es posible decretar las medidas de arraigo y prisión preventiva de los presuntos indiciados, aun cuando estas conductas son de gran impacto para la economía nacional y por lo general, son cometidos por organizaciones bien estructuradas”, subrayó.

Quezada Salas indicó que a pesar de que se ha buscado endurecer las sanciones contra esta actividad, la realidad es que México ocupa el sexto lugar en materia de piratería entre los países miembros de la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE).

Además, de acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), en el 2014, el consumo de piratería le costó al país más 43 mil millones de pesos, lo que equivale a un 28% más que todo el presupuesto destinado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y 34 veces más el presupuesto anual del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI).

Por lo anterior, enfatizó, consideramos necesario fortalecer el marco jurídico a fin de poner un alto a esta situación que perjudica no sólo a la industria, sino sobre todo a las y los creadores.