Trece meses para dignificar la educación michoacana

Ayer, más de un millón doscientos cuarenta mil niñas, niños y adolescentes michoacanos cruzaron la puerta de su escuela para iniciar el ciclo escolar 2026-2027. Lo hicieron después de cuatro meses, mayo, junio, julio y agosto, en los que este espacio documentó con detalle una acumulación de urgencias que ningún sistema educativo debería normalizar: violencia armada alrededor de las aulas y, en ocasiones, dentro de ellas; desplazamiento forzado de comunidades enteras; reclutamiento criminal de adolescentes; acoso escolar, escuelas sin agua ni electricidad, y una vacante de más de dos meses al frente de la Secretaría de Educación en el Estado que dejó a la dependencia sin quien la condujera justo cuando más se necesitaba dirección. Reconocer ese origen no es un ejercicio de pesimismo: es la base necesaria para medir, con honestidad, la magnitud de lo que viene por delante.

Desde la semana pasada, se cuenta con titular de la Secretaría de Educación en el Estado, poniendo fin a más de dos meses de encargatura de despacho. La nueva titular llega con conocimiento acumulado del propio sistema que va a dirigir y un recorrido que le ofrece al cargo que toma algo poco frecuente en los relevos administrativos: una curva de aprendizaje mucho más corta que la de cualquier perfil externo y, con ella, la posibilidad real de actuar desde el primer día en lugar de dedicar los primeros meses a familiarizarse con el sistema.

Con timón al fin, las condiciones para mejorar el estado que guarda la educación michoacana existen. Nuestra expectativa es alta, y lo es porque las herramientas de diagnóstico ya están sobre la mesa: se sabe con precisión cuáles son las escuelas sin agua ni electricidad, cuáles los municipios donde el reclutamiento criminal opera con mayor intensidad, cuáles las comunidades indígenas que iniciaron el ciclo sin maestro frente a grupo, cuáles los protocolos de violencia escolar publicados y aún pendientes de implementación, las necesidades presupuestales para cerrar este ejercicio y el próximo, entre otras materias. La materia prima del diagnóstico ya existe; lo que Michoacán necesita ahora es la voluntad de convertir ese diagnóstico en decisiones sostenidas.

Particularmente, el cargo precedente de la ahora titular, al frente de la Subsecretaría de Administración y Finanzas la coloca frente a una herencia financiera que no admite más demora. El primero de los pendientes es la federalización de la nómina educativa, que pondrá fin a cinco ciclos completos de discrecionalidad en las transferencias que la Federación entregaba a Michoacán mes con mes mediante el convenio del Programa Presupuestario U-080, un mecanismo que durante años dificultó la fiscalización puntual del gasto en servicios personales. El segundo son los pagos pendientes de jubilación docente, una carga que se agravó en junio, cuando el cierre del ciclo escolar dejó casi mil setecientas solicitudes acumuladas y sin la certeza de un calendario de liquidación. El tercero, quizá el más delicado, es la problemática en torno a las plazas docentes, que mere, un fenómeno que rebasa el descontrol administrativo, que comienza por el personal sin perfil, sin adscripción, fuera de sus actividades laborales y llega hasta la clonación de identidad de docentes activos, comprometiendo tanto la nómina como la confianza en el propio sistema de control de personal. Los tres asuntos convergen en una misma exigencia: transparencia verificable.

Esperamos que se retome, con transparencia y máxima difusión, sin más demora, la discusión postergada en julio sobre la conectividad de las mil doscientas ochenta y tres escuelas comunitarias y las mil noventa y cuatro escuelas indígenas que hoy inician el ciclo sin electricidad ni internet. Esperamos que las comunidades purépechas de San Ángel Zurumucapio, Sevina, Aranza, Ichán, Charapan, Zacán y Tomendán, que arrancaron agosto sin maestro frente a grupo, tengan resuelta esa carencia antes de que termine septiembre. Esperamos que la asignación de plazas docentes se conduzca con la transparencia que exigieron, apenas unos días antes del nombramiento, los egresados normalistas que cerraron las instalaciones de la propia Secretaría. Y esperamos que el protocolo estatal contra el maltrato en educación básica, publicado en julio y todavía desconocido por buena parte del magisterio, deje de ser papel y se convierta en formación continua y actualización reales, con mención explícita de lo que se hará respecto a las armas de fuego que ya han cobrado vidas este año. Ninguna de estas expectativas es desmedida: todas están basadas en compromisos que la propia autoridad ya asumió públicamente.

Restan trece meses para que concluya la actual administración estatal, cuyo relevo está programado para el primero de octubre de 2027. Es un plazo corto para resolver una crisis acumulada durante años, pero es también tiempo suficiente para sentar bases que trasciendan el cambio de gobierno, siempre que se administre con disciplina y sin la tentación de postergar decisiones incómodas hasta el último tramo del sexenio. La experiencia reciente de Michoacán enseña que las vacantes prolongadas, las minutas que atienden síntomas y no causas, así como los anuncios sin evaluación pública tienen un costo medible en la vida de niñas y niños. Trece meses bien administrados pueden, en cambio, dejar una Secretaría con protocolos activos, presupuestos etiquetados y mecanismos de detección temprana funcionando; trece meses mal administrados solo añadirán una crisis más a la lista que este espacio ha documentado desde mayo.

Por esa razón, la nueva titular y su equipo tienen ante sí una responsabilidad que rebasa la gestión cotidiana: preparar, desde ahora, una entrega-recepción pulcra y un periodo de transición adecuado a la magnitud de los pendientes que hereda. Un cambio de gobierno educativo no puede resolverse, como ocurrió en junio pasado, con una encargatura de despacho improvisada y semanas de vacío institucional. Michoacán ya pagó ese costo una vez en este mismo sexenio y conviene evitar pagarlo de nuevo en la transición de 2027. Documentar con transparencia el estado de la infraestructura escolar, las plazas vacantes, los protocolos vigentes, los presupuestos etiquetados y los expedientes abiertos por violencia o abuso contra la niñez es la garantía de que el siguiente gobierno, sea cual sea su origen partidista, reciba un sistema educativo con continuidad institucional y no una hoja en blanco.

Una entrega-recepción pulcra no se improvisa en las últimas semanas del sexenio: se construye desde ahora, con inventarios actualizados de infraestructura escolar, con el estado que guardan los expedientes de reclutamiento y desaparición de menores, con la relación completa de plazas docentes vacantes y ocupadas, y con una bitácora pública de los acuerdos alcanzados con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Michoacán tiene, en este sentido, un antecedente reciente que conviene no repetir: la salida de la anterior titular, en junio, no vino acompañada de ningún documento de transición visible para la sociedad civil y esa opacidad contribuyó a que la vacante se prolongara sin que nadie, fuera del gobierno, supiera con certeza en qué condiciones quedaba la dependencia. La transición de 2027 puede y debe ser distinta, y trece meses son suficientes para dejarla preparada si el trabajo comienza en este arranque de ciclo escolar y no en los últimos días de agosto del año próximo.

Nada de lo anterior sugiere que los problemas documentados durante estos cuatro meses se resolverán solos, ni que un nombramiento, por acertado que sea, basta para transformar un sistema atravesado por la violencia, la desigualdad y el abandono presupuestal. Las soluciones que Michoacán necesita tienen que ser, como los problemas que las originan, abarcadoras: atender la infraestructura sin descuidar la salud mental de los estudiantes, reforzar la vigilancia escolar sin perder de vista el reclutamiento criminal que opera fuera de las aulas y asignar plazas docentes con la transparencia que hoy exigen quienes egresan de las normales. La educación michoacana se rescata con una visión que conecte la seguridad, la infraestructura, la salud mental, la formación docente y la protección de la niñez en un solo esfuerzo sostenido, y no con políticas aisladas.

Con todo, hoy, 1° de septiembre hay motivos genuinos para la esperanza. Michoacán tiene, por fin, una persona al frente de la Secretaría de Educación con investidura plena y con conocimiento profundo de la maquinaria que debe echar a andar. Tiene un diagnóstico detallado de sus urgencias, construido mes a mes por organizaciones de la sociedad civil, por la prensa y por las propias comunidades escolares que no dejaron de denunciar lo que vivían. Y tiene todavía trece meses para demostrar que la conducción educativa puede anticiparse a la tragedia en lugar de reaccionar después de ella. Esa combinación de timón, diagnóstico y tiempo no garantiza el éxito, pero sí lo hace posible.

Vale la pena decirlo con la misma claridad con la que se documentaron los meses difíciles: la esperanza que anima este texto no nace de la ingenuidad, sino de la evidencia de que Michoacán ya cuenta con las piezas necesarias para cambiar el rumbo. Falta, únicamente, que esas piezas se muevan en la misma dirección, con la constancia de trece meses completos y no solo con el impulso de los primeros días de un nombramiento nuevo. Esa constancia es, en el fondo, lo único que la niñez michoacana ha pedido en cada uno de los episodios documentados desde mayo.

Desde Mexicanos Primero Michoacán seguiremos documentando, mes con mes, lo que ocurra en las escuelas michoacanas, con el mismo rigor con el que documentamos mayo, junio, julio y agosto. Lo haremos no solo para señalar lo que falta, sino también para reconocer lo que se construya bien y para exigir que la entrega-recepción de 2027 sea, por primera vez en mucho tiempo, un ejemplo de transición ordenada y no una nueva silla vacía. La niñez michoacana que hoy regresó a clases merece esa continuidad. Corresponde al gobierno estatal y a la sociedad michoacana entera construirla juntos, desde los espacios de gobernanza que han estado inoperantes durante todo un triénio. ¡Merecemos un gobierno educador!