Impulsa PJM la profesionalización en justicia para adolescentes

MORELIA, Mich., 26 de octubre de 2026.- El Comité de Certificación en Materia de Justicia Penal para Adolescentes del Poder Judicial de Michoacán, durante sesión extraordinaria, aprobó el documento maestro y la convocatoria de la Segunda Edición del Diplomado de Especialización y Certificación Judicial en Materia de Justicia Integral para Adolescentes, dirigido a personas juzgadoras de primera instancia en materia penal y operadores jurídicos externos.

En comunicado de prensa, el PJM dicta que el documento será remitido para vista a la Comisión de Carrera Judicial y al Órgano de Administración Judicial para su análisis y, en su caso, aprobación. La propuesta académica contempla una formación especializada que combina conocimientos jurídicos, procesales y psicosociales con herramientas prácticas para fortalecer la actuación de quienes intervienen en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

A través de la Escuela Estatal de Formación Judicial, el Poder Judicial de Michoacán mantiene una capacitación constante dirigida tanto a su personal como a personas externas vinculadas con la impartición de justicia, con el propósito de fortalecer sus conocimientos, actualizar sus competencias y contribuir a un servicio profesional y de calidad en beneficio de las personas usuarias de los servicios de impartición y administración de justicia.

El diplomado contempla contenidos sobre el desarrollo adolescente, el marco constitucional y legal aplicable, la argumentación jurídica, la justicia restaurativa y las distintas etapas del procedimiento penal, así como ejercicios prácticos y simulaciones de actuaciones jurisdiccionales, como lo establece la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Con esta iniciativa, el Poder Judicial de Michoacán impulsa la profesionalización y especialización de quienes participan en la justicia para adolescentes, bajo principios como el interés superior de la niñez, la protección integral de los derechos humanos, el debido proceso y la finalidad socioeducativa de las medidas de sanción.