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MORELIA, Mich., 19 de octubre de 2026.- La Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) no ha actualizado su plan de estudios para incorporar las disposiciones del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por lo que los estudiantes próximos a egresar podrían concluir su formación sin las bases necesarias para ejercer conforme al nuevo modelo procesal.
Laura Leticia Padilla Gil, directora interina de la facultad, reconoció en entrevista telefónica que no existen avances en la implementación de cursos de actualización para los alumnos que están por terminar la licenciatura y que será necesario recurrir a talleres y programas extracurriculares para atender las deficiencias de su formación.
“Vamos a implementarlos. No se ha trabajado nada en este sentido”, declaró al referirse a los cursos que la institución prevé ofrecer para preparar a los estudiantes ante los cambios en la impartición de justicia civil y familiar.
La funcionaria señaló que la actualización del programa académico debió atenderse con anticipación y advirtió que la facultad no puede esperar a que se amplíen los plazos legales para comenzar a modificar sus contenidos.
“Esta situación debió haberse atendido con antelación. No podemos nosotros esperar a que los plazos se amplíen para poder llevar a cabo la actualización de los programas”, sostuvo.
El rezago ocurre después de que el Congreso de la Unión expidió en 2023 el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, una legislación que transforma la impartición de justicia en estas materias mediante mecanismos como la oralidad y la digitalización de los procedimientos.
En julio de 2026 se presentó una iniciativa para ampliar del 1 de abril de 2027 al 1 de abril de 2030 el plazo máximo para la entrada en vigor del código en el país. La propuesta plantea mantener una aplicación gradual, pero su presentación no significa que la ampliación ya haya sido aprobada. Fuente: Sistema de Información Legislativa.
Padilla Gil consideró que la implementación de la nueva legislación exige fortalecer las competencias prácticas de los futuros abogados, tanto en el manejo de los procedimientos orales como en el uso de herramientas digitales.
La preparación debe alcanzar a quienes están por egresar y a los alumnos de nuevo ingreso, aunque estos últimos cuentan con mayor margen para recibir una formación ajustada a las nuevas disposiciones.
La directora interina también cuestionó la falta de acciones previas para actualizar el programa académico y señaló que, al asumir el cargo, no recibió información sobre un proceso de entrega-recepción que permitiera conocer los antecedentes del trabajo pendiente.
“Me parece que la inacción de la Facultad de Derecho, esta obligación de actualizar y de acreditar el programa de estudios, constituye una grave falta de responsabilidad institucional”, declaró.
Añadió que el problema no representa únicamente un retraso administrativo, sino una omisión que, a su juicio, afecta el compromiso de la institución con la calidad educativa. También señaló que quedaron pendientes procesos relacionados con los parámetros de los organismos acreditadores y la reacreditación de la facultad.
La actualización curricular deberá pasar por distintas etapas de revisión interna y por las instancias colegiadas correspondientes hasta llegar al Consejo Universitario, órgano ante el cual se tramitarán las modificaciones al programa de estudios.
Padilla Gil afirmó que su administración trabajará para cumplir ese procedimiento y avanzar en la reacreditación; sin embargo, no precisó cuánto tiempo tomará la actualización ni cuándo comenzarán los cursos para los estudiantes próximos a concluir la carrera.
Mientras tanto, la facultad enfrenta el reto de preparar a sus futuros egresados para un sistema procesal que exige conocimientos distintos y habilidades prácticas que deberán incorporarse tanto en las aulas como en los programas de actualización profesional.




