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MORELIA, Mich., 23 de julio de 2026. - El Gobierno de México publicó este jueves las reglas de operación del programa Las y los Jóvenes Unen al Barrio, una nueva estrategia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dirigida a personas de entre 12 y 35 años que no estudian ni trabajan, quienes podrán recibir apoyos económicos mensuales de entre 4 mil y 15 mil pesos a cambio de participar en actividades comunitarias y de prevención de la violencia.
El programa contará con un presupuesto de 325 millones 19 mil 800 pesos durante 2026 y prevé beneficiar hasta 54 mil 853 personas en tres modalidades: 48 mil 500 beneficiarios con un apoyo mensual de 4 mil pesos; 5 mil 400 impulsores con 8 mil pesos; y 953 responsables municipales, quienes recibirán 15 mil pesos mensuales, el monto más alto contemplado en las reglas de operación.
Las reglas establecen que las personas interesadas deberán acreditar que no estudian ni trabajan, vivir preferentemente en zonas prioritarias o con alto rezago social y aprobar una Escala de Detección de Riesgos, instrumento que determinará si son elegibles para incorporarse al programa.
A cambio del apoyo económico, los beneficiarios deberán cumplir actividades de trabajo comunitario, talleres, capacitaciones y acciones de recuperación de espacios públicos. Las cargas de trabajo varían según la modalidad: 90 horas mensuales para beneficiarios, 100 para impulsores y 192 horas para responsables municipales.
Sin embargo, las propias reglas dejan abiertos varios aspectos de la operación del programa.
Aunque la selección dependerá de la Escala de Detección de Riesgos, el documento no incorpora el cuestionario, no explica la metodología con la que se evaluará a los aspirantes, ni señala qué variables se ponderarán o si el instrumento cuenta con alguna validación técnica o científica. Únicamente establece que clasificará a las personas en niveles de riesgo alto, medio o bajo, de cuya calificación dependerá el acceso al beneficio.
Las reglas tampoco precisan el mecanismo mediante el cual la SSPC comprobará el cumplimiento de las horas de trabajo comunitario exigidas para recibir el apoyo económico. Aunque prevén reportes de asistencia y establecen que las actividades serán validadas para autorizar los pagos, no detallan cómo se registrará la asistencia, quién certificará las horas efectivamente trabajadas ni los mecanismos de supervisión en territorio.
Otro de los puntos relevantes es que el programa considera como población susceptible de incorporarse a jóvenes en conflicto con la ley, personas que recuperaron su libertad, migrantes, refugiados y personas en situación de calle, siempre que cumplan los criterios de elegibilidad previstos en las reglas de operación.
Las reglas de operación también omiten un calendario para el arranque del programa. No informan cuándo iniciará el reclutamiento de las 54 mil 853 personas beneficiarias ni cuáles serán los municipios donde comenzará la incorporación de jóvenes, por lo que el inicio de la estrategia quedó sujeto a la implementación que defina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5794521&fecha=23/07/2026#gsc.tab=0




