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MORELIA, Mich., 27 de septiembre de 2013.-La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene como objetivo que en Michoacán a finales de este año alrededor de 10 mil 668 trabajadores que carecen de prestaciones y seguridad social abandonen la informalidad en la que laboran.
La delegada de la STPS, Rocío Santos, señaló que personal de la dependencia a su cargo intensificará en los próximos meses las visitas a distintos centros de trabajo, tanto de la iniciativa privada como del sector gubernamental, para conminar a los empleadores a regularizar la situación de sus trabajadores que se estén desempeñando sin contar con algún tipo de protección social como serían fondo de ahorro o seguro.
Insistió que más que tratarse de un compromiso signado entre el estado y la Federación, la regularización debe ser percibida como una responsabilidad que tienen los patrones con sus colaboradores.
Tras reunirse con los ediles de Jungapeo, Tzitzio, Susupuato, Tangancicuaro, Tuzantla y Contepecec, la funcionaria federal señaló que esta cruzada pondrá énfasis en exhortar a los presidentes municipales a que ningún empleado en el ayuntamiento esté al margen de las garantías que otorga la ley.
“Con los ayuntamientos tenemos que ver cómo están laborando los policías, si se encuentran dentro de la formalidad, verificar si tienen seguro, casa de Infonavit, en fin, todos los derechos que cualquier trabajador quiere, desea y anhela”, resaltó.
En la reunión con los munícipes además de la titular del STPS, asistieron los delegados del Instituto Mexicano del Seguro Social e Infonavit al igual que un representante de la Secretaría de Hacienda.
“Estamos en un frente común todos, porque creemos que todo trabajador tiene derecho a tener seguro, a que cuando se le enferme un niño cuente con atención médica y que cuando una persona se retire, tras haber dado toda una vida a su centro de trabajo, cuente con una pensión”, enfatizó.
Del mismo modo, Rocío Santos advirtió que formalizar cualquier relación laboral es conveniente para ambas partes que intervienen; debido a que el trabajador cuenta con una certeza y el empleador evita tener sanciones o ver afectada la productividad del núcleo laboral.
“La nueva reforma laboral viene muy fuerte, por ejemplo, aquel empleado que esté laborando de manera informal y tenga un accidente fatal, la sanción para la empresa va de los 350 a los 5 mil salarios mínimos, lo que equivaldría a 13 años de salarios de un trabajador”, indicó.
Se estima que en la entidad existen cerca de un millón de personas que se encuentran laborando sin mediar ningún tipo de contrato o contar con alguna prestación, lo que vulnera sus derechos y hace susceptibles a las empresas, que se conducen con estas prácticas, poder ser multadas.