Prevén que para septiembre se tenga un reglamento en materia de movilidad
MORELIA, Mich., 24 de abril de 2024.- La comunidad de San Matías El Grande, en Hidalgo, no va a recibir de forma retroactiva los 16 millones de pesos del presupuesto directo, producto de los amparos interpuestos por el gobierno petista de José Luis Tello Marín.
En entrevista con Humberto Urquiza, subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, comentó que la ley no contempla que se pague retroactivo, así como que tampoco hay evidencia de que el Ayuntamiento gobernado por el Partido del Trabajo haya invertido esos recursos en esa tenencia.
“Para que se deposite el recurso se deben de cumplir ciertos requisitos; el acuerdo de Cabildo, el acuerdo del Instituto Electoral de Michoacán, constancia del INPI, registro ante notario, registro ante Sistema de Atención Tributaria y cuentas bancarias, pero al no cumplir estos requisitos, la Secretaría de Finanzas no dispersa el recurso”, declaró el subsecretario.
En términos concretos, no recibieron el recurso y tampoco inversión del Ayuntamiento que, incluso al inicio de la controversia, hasta el servicio de agua potable les retiró, a manera de castigo por querer su autonomía.
Todos los recursos legales disponibles los perdió el edil del Partido del Trabajo, entonces recurrió a lo último que le quedaba, evitar las medidas de apremio de los tribunales de distrito que le mandaban sesionar y entregar el recurso.
El último amparo no se ha resuelto pero, a decir del subsecretario Urquiza, en materia electoral, y en este caso específico, no procede, pero aun así tendrán que esperar, porque para garantizar mantener el poder en ese municipio, el edil maniobró para que la alcaldesa interina fuera nada más ni nada menos que su esposa, Graciela Guzmán Bucio, propuesta que fue respaldada por su partido y hoy se ostenta como alcaldesa.
El caso de San Matías El Grande es icónico, porque no se trata de un grupo en condiciones ventajosas, sino una comunidad originaria, de la cultura otomí, un grupo minoritario.
En ese sentido, Humberto Urquiza subrayó que debe acatarse la sentencia de la Corte, porque se trata de un asunto de derechos humanos elementales.
“Esperamos que el cabildo sesione ya y cumpla, no sólo por el cumplimiento de la sentencia, sino porque es un derecho humano de las comunidades indígenas la libre autodeterminación”, declaró.
Pero esta postura del Gobierno de Michoacán, producto de la misma alianza PT-Morena, no coincide con el de José Luis Téllez Marín, señalado en una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de haber incidido en graves violaciones.
La recomendación de la Comisión fue pública el pasado 4 de enero del presente año, antes de la definición de las candidaturas, pero al no considerarse una recomendación un documento fiable para revocar las candidaturas, se postuló a Téllez Marín ignorando los reclamos sociales de las comunidades indígenas otomíes, afectadas por esa administración.
En respuesta, y tal como lo anunciaron, esta en desarrollo una contracampaña para el Partido del Trabajo que ha llevado a la suma de esfuerzos de cuatro tenencias y tres comunidades que, junto a San Matías, piden en 25 bardas de sus comunidades: ni un voto al PT.