Poder y dinero
A raíz de la comparecencia del Dr. Armando Sepúlveda López, Secretario de Educación en el Estado ante la Comisión de Educación del Congreso Local se ha vertido en los medios abundante información respecto al estado que guarda el avance de la Reforma Educativa en la entidad, que está estrechamente correlacionada con lo que respecta a la salud de las finanzas del sistema educativo. Ambas cuestiones evidencian un enorme déficit en el cumplimiento a la normativa y por ende en cuanto al quebranto de recursos estatales, ya que la irregularidad implica suplir el pago de la nómina, que debería realizarse a través del FONE, sin que nos costase recursos del erario estatal, lo cual lamentablemente es un hecho que probablemente no se realizará en la entidad debido a que la federación no reconoce más de 49 mil claves, de acuerdo a lo que reconoció en entrevista el C.P. Miguel López Miranda, Secretario de Finanzas del Estado, esto debido a que la CNTE bloqueó la aplicación del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, efectuado en 2013. Con esto, ya no estamos hablando de cuestiones hipotéticas: hoy ya los ciudadanos sabemos con pesos y centavos cuánto cuesta cumplirles los caprichos que son minutados o cedidos a la cúpula de la CNTE. El no permitir que un procedimiento como el censado de las escuelas se efectuase, implica desperdicio de recursos que ello implicó al contratarse, capacitarse, equiparse y desplazarse a encuestadores que no pudieron obtener respuestas a los cuestionarios, siendo incluso amenazados e insultados, a la par que es de destacarse la opacidad enorme que generó al no poderse establecer un diagnóstico exhaustivo de las condiciones reales de las escuelas, habiéndose censado solamente el 47 por ciento de las mismas, de donde se desprendieron datos alarmantes que requieren solución inmediata, tales como la presencia de más de 600 personas ajenas al sistema educativo estatal impartiendo clases, o el hecho de que menos de 3 de cada 10 escuelas cuenten con un programa de protección civil, seguido de un largo etcétera. Especular respecto a la cara oscura de la educación michoacana que constituyen las escuelas no censadas resulta verdaderamente complicado, pero un indicador fehaciente del avance de la regularización normativa educativa en la entidad es el arribo de recursos federales debidamente radicados y ejercidos en las escuelas y de los cuales disfrutan los alumnos, lo cual no ha sido debidamente esclarecido a la fecha ante la sociedad michoacana.
Las cifras son impresionantes: se habla de 23 mil millones de pesos que se requieren ejercer durante 2015 en el ámbito educativo estatal. Independientemente de que se consiga suficiencia presupuestal para afrontar esa cifra, es seguro que el déficit financiero de este año superará los 4 mil 200 millones de pesos, 3 mil 452 millones de pesos atribuibles a la SEE y aproximadamente mil millones de la UMSNH, lo cual refrenda el hecho de que durante décadas, los sistemas educativos de las entidades federativas, en mayor o menor medida fueron administrados como si fuesen el fondo revolvente de los gobiernos estatales, hecho que se ha buscado regularizar en la nación, dependiendo del nivel de gobernabilidad imperante, del desaseo existente, de la voluntad e intereses políticos y de la reversibilidad del daño generado.
Asimismo, es importante no soslayar el monto del dinero faltante en la UMSNH para cerrar adecuadamente el ejercicio 2015, que ya resulta escandaloso al aproximarse a mil millones de pesos, que estimando una matrícula de 55 mil alumnos, implica un costo adicional de más de 18 mil pesos por estudiante, en su gran mayoría dedicados a solventar las exigencias que impone el sistema de jubilaciones y pensiones vigente. Vale la pena que se solucione a largo plazo la viabilidad financiera de la máxima casa de estudios de la entidad, ya que en caso contrario se seguirán multiplicando las irregularidades.
En la entidad el clamor es unánime por parte de los alumnos, padres de familia y maestros frente a grupo, tanto del SNTE como de la CNTE: se requieren mejores condiciones de infraestructura y equipamiento en las escuelas, que los programas federales sean universales, que rinda el recurso y se vea en el aula, no solamente en declaraciones estentóreas o en firmas de convenios que a nadie benefician. Los gobernantes actuales deben ser sumamente responsables respecto al costo de oportunidad que implica ceder y ser omisos ante los sindicatos. Las conquistas sindicales y la actitud envalentonada de algunos grupos adictos al privilegio son, sin lugar a dudas quienes tienen de bruces a la economía estatal.
Por otra parte, inmiscuidos como estamos en plena época electoral, es importante subrayar que será sumamente complicado que se pueda lograr un punto de inflexión en el ámbito educativo si los candidatos a puestos de elección popular y especialmente a la gubernatura no marcan una sana distancia de realizar o permitir prácticas corporativistas, ya que esto generará compromisos goethianos con las cúpulas sindicales, los cuales tarde o temprano pagarán miles de niños michoacanos, siendo herrados con los grilletes de la ignorancia vitalicia a cambio de que algún candidato logre convertirse en gobernador del estado con cargo inconmensurable al desarrollo de un gran estado como es Michoacán, el cual definitivamente no merece más estar en esta situación.
Ojalá el quebranto solamente fuera financiero, pero también lo es en el ámbito del logro educativo, organizacional, normativo, social y axiológico, ya que nos vuelve proclives a la corrupción, a la opacidad, a la ingobernabilidad y desesperanza. Si se pretende revertir la situación estatal, es imperativo que en cuanto al quebranto educativo se tomen inmediatamente las medidas conducentes para evitar que este penoso ciclo se continúe perpetrando.
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