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CIUDAD DE MÉXICO, 11 de junio de 2016.- El estado mexicano tiene un gran pendiente en materia de trabajo infantil, pues hoy en día, alrededor de 2.5 millones de niños y adolescentes se dedican a alguna actividad laboral, y el 38% de ellos no asiste a la escuela, afirmó el diputado Carlos Gutiérrez García.
De acuerdo con un comunicado, ante este panorama, dijo, es urgente emprender acciones desde los tres niveles de gobierno y fortalecer los mecanismos legales para contrarrestar esta situación que vulnera varios de los derechos fundamentales de los niños, como es la educación.
En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el legislador de Nueva Alianza consideró necesario realizar un análisis con datos y estadísticas sobre la situación que padecen miles de niños trabajadores en el país, a fin de replantear las políticas públicas en la materia y contribuir a disminuir las cifras de menores que son explotados.
Indicó que de acuerdo con el más reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 2.5 millones de menores trabajan, de ellos, 38% no estudia y 46% no recibe salario.
Las entidades donde se registran mayores índices de trabajo infantil son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, estados donde los menores realizan labores consideradas de alto riesgo, como minería, cultivo de enervantes, y donde se explota sexualmente a los niños.
El también Secretario de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos reiteró que el trabajo infantil no sólo coarta el ejercicio de sus derechos humanos, sino que obstaculiza el cumplimiento del derecho a la educación, cuyo fenómeno repercute negativamente en su desarrollo económico y social.
Finalmente, se pronunció por emprender políticas públicas encaminadas a ofrecer mejores empleos para que así los niños no tengan que salir de sus casas en busca de ingresos.
Gutiérrez García refirió que el factor pobreza es determinante para empujar a los menores a trabajar, pues según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), entre el 31% y 50% del ingreso de éstos beneficia a 51% de las familias, “lo cual significa una contribución importante para la economía de los hogares, pero que se convierte en una violación a los derechos de los niños”.