Reestructura de deuda de largo plazo sería por 17 mil 246 millones

MORELIA, Mich., 27 de diciembre de 2019.- La deuda pública estatal de largo plazo por 17 mil 246 millones 845 mil 100 pesos sería reestructurada paralelamente a la contratación de la nueva deuda por cuatro mil 90 millones de pesos, si el Congreso del Estado lo autoriza.

La solicitud está en el alcance al paquete económico 2020 que envió gobernador Silvano Aureoles la noche del pasado jueves en el que asienta que al obtener Michoacán un nivel de endeudamiento sostenible, se tiene la capacidad de contratar deuda por hasta el 15 por ciento de los Ingresos de Libre Disposición de acuerdo a su Ley de Ingresos.

Se explica que existe la oportunidad de mejorar el perfil de pagos de los créditos a largo plazo, así como mejorar sus condiciones financieras a través de la reducción de las tasas de interés, optimización de aforos de las actuales fuentes de pago de participaciones y FAFEF, lo que permitiría redirigir recursos adicionales para la ejecución de inversión pública o el saneamiento financiero de la hacienda pública.

Como fuente de pago se afectaría el derecho y los ingresos hasta del 80 por ciento de las participaciones federales que le tocan a Michoacán del Fondo General de Participaciones, excluyendo el porcentaje que con cargo a dicho fondo corresponde a los Municipios, así como cualquier otro derecho e ingreso que, en su caso, lo modifique, sustituya o complemente, sin afectar derechos de terceros, y con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Asimismo, el derecho y los ingresos hasta del 25 por ciento del Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), así como aquellos fondos o recursos que en el futuro sustituyan modifiquen o complementen ese fondo.    

El FAFEF, al ser una aportación federal, no computa dentro de los indicadores del Sistema de Alertas previsto en la Ley de Disciplina Financiera para la determinación del Techo de Financiamiento, por lo que, el autorizar la afectación de esta fuente de pago permite al estado seguir beneficiándose de los resultados obtenidos por las operaciones de refinanciamiento y reestructura llevadas a cabo.