Recomendación al Gobierno de Michoacán por caso mamá Rosa. 

Gerardo A. Herrera Pérez

MORELIA, Mich., 26 de noviembre de 2018.- Nuevamente Michoacán, tendrá que enfrentar la desacreditación del trabajo que se realiza por parte de algunas de las organizaciones de la sociedad civil que coadyuvan a la atención de niños, niñas y adolescentes; hace unos años, en la administración del Gobernador Salvador Jara,  fue denunciada Mamá Rosa, como se le decía a la Sra. Rosa Verduzco, en Zamora, Michoacán, por generar condiciones de maltrato a menores de edad y adolescentes en el interior de la Casa-Hogar “La Gran Familia”.

En este contexto y derivado del efecto mediático que se generó por operativo de autoridades federales y estatales, en virtud del cual se rescató a 500 personas menores de edad del albergue ubicado en Zamora, Michoacán, quienes estaban privadas de su libertad. Personal institucional de la CNDH documentó insitu en la Casa Hogar, que 536 personas, en su mayoría niñas, niños y adolescentes, se encontraban en condiciones  precarias de higiene y de salud, por lo que se determinó abrir queja de oficio.

Resultado de dicha queja, generó  Recomendación General 14VG/2018 por violaciones graves a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, derivada de  acciones y omisiones atribuibles a servidores públicos de los tres niveles de gobierno, las cuales contribuyeron a que los responsables de la dirección, manejo y cuidados de los internos de una Casa Hogar en Zamora, Michoacán, cometieran agresiones físicas y psicológicas, encierro en condiciones carcelarias y diversas vejaciones más en agravio de 536 personas que resultaron víctimas del delito.

La Recomendación 14VG/2018 está dirigida a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Educación Pública (SEP), Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Dirección General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Presidente Municipal de Zamora y a los Gobernadores de 15 estados: Michoacán, Baja California, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.

Se acredita en el cuerpo de la Recomendación que las autoridades ya señaladas, de conformidad con sus atribuciones, y que contaban con las facultadas para ingresar a la Casa Hogar, no realizaron acción alguna encaminada a supervisarla, lo cual hubiera provocado que cesaran las situaciones en que vivían. De la misma forma, las instancias que debieron encargarse del cuidado y protección de las víctimas cuando egresaron de la Casa Hogar, dejaron de brindarles protección diferenciada, en tanto condición de niña, niño, adolescente, adolescente embarazada o en estado de lactancia, mujer, hombre, persona con alguna discapacidad física o intelectual, así como en su calidad de víctima del delito.

En este contexto también se acredita que los servidores públicos no atendieron a las 536 personas víctimas de delito. Por ello, se requiere a todas las autoridades involucradas colaborar ampliamente con la CNDH en las quejas que se promuevan ante las correspondientes instancias que investigan las responsabilidades administrativas en que incurrieron esas personas servidoras públicas.

A cada una de las autoridades responsables, la Recomendación en comento, expresa las  acciones que habrán de realizar y el tiempo para su ejecución, resultado e información; por lo que toca al Gobernador de Michoacán, se le solicita  conformar un grupo multidisciplinario e interinstitucional, que localice a las 536 víctimas, para generar acciones que resulten necesarias para restituirles  los derechos humanos que les fueron vulnerados; también se habrá de elaborar un diagnóstico sobre la situación específica de los albergues y casas hogar de Michoacán; de igual manera habrá de implementar programas de prevención de trata de personas e impartir cursos de capacitación y formación en materia de derechos humanos.

Adicionalmente, la Recomendación, precisa que, tanto el DIF Nacional y Gobernadores de Baja California, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Morelos, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Sinaloa y Querétaro, deberán realizar una investigación administrativa en que se identifique a las personas servidoras públicas de sus Sistemas DIF que omitieron dar asistencia a las víctimas que les fueron entregadas para sus cuidados y atenciones por parte de la PGR, y verificar que las familias contarán con los elementos que facilitarán su integración.

De manera coordinada, tanto  el titular del Ejecutivo del Estado, como el titular de la Presidencia Municipal de Zamora, se plantea un plazo de seis meses, para que instauren un memorial como remembranza de lo acontecido para que no vuelva a suceder y en el que se deje constancia de la resiliencia de las víctimas y, además, de que se asuma públicamente su obligación de respetar los derechos de las niñas, niños y/o adolescentes, en especial a los que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad, y que alerte sobre el peligro de la indiferencia, la discriminación y la violencia.

Que exista una Recomendación no es lo más grave porque finalmente se aceptará, aunque podría no aceptarse de acuerdo a la ley y seguir un procedimiento administrativo; pero como el tema es sensible por tratarse de niños, niñas y adolescentes,  tanto en su primera edad y como interés superior, la Recomendación se aceptará; lo importante es dar a conocer que en este momento todos los espacios institucionalizados y privados en manos de IAP, que atienden a niños, niñas y adolescentes no se encuentren repitiendo estas prácticas, situación que tendrían que revisar las autoridades como el DIF Estatal, la Junta de Asistencia Privada, la misma Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Unidad de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, el Secretariado Técnico de SIPINNA de Michoacán, entre otras instancias.