MORELIA, Mich., 27 de diciembre de 2016.- La crisis financiera que ha experimentado la entidad ha generado que los derechos humanos, como la salud, la educación y la vivienda, no sean tan accesibles como lo demanda la sociedad, señaló Víctor Serrato Lobato, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
El ombudsman local refirió que desafortunadamente el ejercicio de estas garantías depende en gran medida de las posibilidades económicas del país, y aunque las autoridades han llevado a cabo “esfuerzos loables”, las adversas condiciones económicas han contribuido a mermar el cumplimiento de los derechos humanos.
Expresó que un ejemplo de ello es el sistema de salud en la entidad, donde, luego de recorridos por hospitales en coordinación con la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), se encontraron desabasto de medicamentos, quirófanos con hasta ocho años inconclusos, licitaciones públicas a la espera de resolución, problemas con la asignación de plazas laborales y carencia de insumos, a pesar de los cuales la SSM ha hecho esfuerzos por superar.
Serrato Lobato agregó que se requiere que las autoridades asuman las medidas pertinentes para que el estado retorne a la normalidad en cuanto a sus condiciones financieras para garantizar mejores entornos para el cumplimiento de los derechos humanos.
Quejas, estables en su generación
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) se mantienen como las dependencias estatales con una mayor cantidad de quejas generadas por presuntas violaciones a los derechos humanos, explicó el titular de la CEDH.
Agregó que en 2016 se produjeron dos mil inconformidades, una cifra que se ha preservado sin variaciones significativas en los últimos años; no obstante, destacó que de una media de 400 a 500 inconformidades en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se logró un registro de diez quejas, el que Víctor Serrato atribuyó a una mayor apertura de los cuarteles y mandos.
En contraste, se tienen diez quejas por agresión de elementos de seguridad pública en contra de periodistas, un flagelo que no ha podido ser erradicado a pesar delas constantes capacitaciones brindadas a los policías, al igual que el cobro de cuotas en escuelas, a las que condicionan el ingreso o permanencia de los alumnos, y las violaciones de los derechos humanos de las mujeres.
Afirmó que estas denuncias han resultado en 100 recomendaciones, principalmente dirigidas a la PGJE, en sus áreas de peritos e investigación, y la SSP; de este universo, se han aceptado el 90 por ciento.