MORELIA, Mich., 17 de noviembre de 2019.- El acoso escolar o bullying no es un juego de niños ya que pone en riesgo la salud emocional y física de los infantes, razón por la que el diputado Octavio Ocampo propuso incluirlo en el Código Penal y sancionar económicamente a los padres, tutores o profesores que lo permitan.

Al presentar al pleno de la 74 Legislatura una iniciativa de ley para reformar los códigos Penal y Civil, así como la Ley para la Atención de la Violencia Escolar señaló que en el caso de acoso o bullying escolar se tendrá la obligación de repararlo mediante indemnización en dinero, con independencia del resarcimiento de los derechos lesionados y daño material y determinándose el doble para casos reincidentes.

El diputado del Partido de la Revolución Democrática argumentó que el acoso escolar no está tipificado porque se ha caído en un falso debate que lo único que ha hecho es incentivar este fenómeno.

“Se cree que al tipificar el bullying como delito se estaría criminalizando a los niños y adolescentes, nada más falso. Por eso la Constitución Federal y local, así como el Código de Justicia Especializada para Adolescentes protegen a nuestros niños. Esta reforma va encaminada a ello, a fortalecer el marco legal para que nuestras niñas y niños vivan una infancia y adolescencia como la que merecen y que les hemos negado incluso desde el mismo marco legal que no se ha actualizado al nivel de las circunstancias, de la realidad que padecen millones de jóvenes. No es un juego de niños, hay muerte detrás de este fenómeno”.

Señaló que muchos testimonios públicos refieren que cuando se acude al Ministerio Público, las direcciones de las escuelas, o incluso a las comisiones de derechos humanos, el resultado es el mismo siempre, en ningún lado les hicieron caso, en lugar de procurar en todo momento y con base al interés superior del menor, evitar que los escolares se causen daño entre sí y sobre todo, que se afecten en su esfera física y psíquica.

Incluso, indicó, en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes de 2014 se estableció la obligación de establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las personas responsables de centros de asistencia social, personal docente o servidores públicos que realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia escolar.

Sin embargo, esto no ocurre porque si hay un caso de bullying y se pide que se investigue, diagnostique y sancione a los responsables, son los mismos responsables los encargados de hacer la investigación y se vuelve en una trampa insalvable.

Ocampo insistió en el falso debate sobre la criminalización del acoso escolar se da por desconocimiento de la ley ya que en el Código De Justicia Especializada Para Adolescentes determina en su artículo 13, que la niña o niño menor de doce años de edad a quien se le atribuya una conducta tipificada como delito quedará exento de toda responsabilidad.