Propone Cesmich ley con fondo especial y red de atención al autismo

MORELIA, Mich., 9 de octubre de 2025.- La nueva Ley para la Atención, Protección de Derechos e Inclusión de las Personas con la Condición del Espectro Autista, propuesta por el Consejo Económico y Social de Michoacán (Cesmich), plantea una transformación estructural de la política pública estatal, al sustituir el marco vigente de 2017 por un modelo integral basado en evidencia, financiamiento garantizado y gobernanza participativa.

El presidente del Cesmich, Eduardo Orihuela Estefan, entregó este jueves la iniciativa al diputado Alejandro Iván Arévalo, quien la recibió en representación del Congreso del Estado, y se comprometió a darle trámite con pinzas, ante la relevancia del asunto.

Durante la presentación, la especialista Andrea Guadalupe Ochoa, también madre de un hijo autista, expuso las condiciones que enfrentan actualmente las personas con autismo, quienes, dijo, sufren discriminación en los ámbitos educativo, laboral y productivo, e incluso dentro del propio sistema de salud, donde persisten prejuicios y carencias estructurales para su atención integral.

El proyecto se sustenta en cinco ejes principales. El primero es la gobernanza inclusiva y eficaz, mediante la creación de una Comisión Intersecretarial como órgano máximo de decisión, integrada no sólo por dependencias del Ejecutivo estatal, sino también por representantes de la academia, la sociedad civil, personas autistas y familiares con voz y voto. Esta integración busca que las políticas públicas se diseñen con base en la experiencia vivida y el conocimiento especializado, no desde la burocracia.

El segundo eje es el financiamiento garantizado. Se propone un Fondo Especial para la Atención del Espectro Autista con recursos etiquetados en el presupuesto anual del Estado, que no podrán ser menores, en términos reales, a los del ejercicio anterior. 

Dicho fondo financiará terapias, capacitación, centros de atención y programas de inclusión laboral y educativa, rompiendo con el modelo previo que dependía de la disponibilidad presupuestaria anual.

Como tercer punto, la iniciativa disponw la creación de un Registro Estatal de Personas con la Condición del Espectro Autista, a cargo de la Secretaría de Salud, con el fin de contar con información precisa sobre su prevalencia y distribución territorial. Este instrumento permitirá planificar los servicios con base en datos y no en estimaciones, pues actualmente no existen cifras oficiales sobre cuántas personas viven con autismo en Michoacán.

En cuarto lugar, la ley ordena la conformación de una Red Estatal de Centros de Diagnóstico y Atención Especializada, descentralizada y con cobertura regional, que ofrezca diagnósticos gratuitos, terapias conductuales, de lenguaje, ocupacionales y de integración sensorial, así como orientación y apoyo a las familias. La atención integral se plantea como un derecho garantizado por el Estado.

El quinto eje se refiere al cumplimiento de la ley y las sanciones. Se establecen prohibiciones expresas y sanciones administrativas y penales para servidores públicos o particulares que discriminen, nieguen atención médica o educativa o apliquen terapias no basadas en evidencia científica. 

Las violaciones a esta norma serán sancionadas conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas y la legislación penal vigente.

La propuesta también incorpora mecanismos para la transición a la vida adulta, con planes personalizados desde los 14 años que contemplen educación media y superior inclusiva, capacitación técnica y programas de empleo con apoyo.

 Las secretarías de Educación, Salud y Desarrollo Económico deberán implementar políticas para la inserción laboral y ofrecer incentivos fiscales a las empresas que contraten personas con autismo.

Entre los derechos reconocidos se incluyen el acceso gratuito a diagnóstico temprano, educación con ajustes razonables y monitores terapéuticos, participación plena en la vida cultural y deportiva y ejercicio de la capacidad jurídica con sistemas de apoyo para la toma de decisiones.

El Cesmich argumenta que legislar bajo el enfoque de neurodiversidad no implica un gasto asistencialista, sino una inversión estratégica en capital humano que puede generar retornos económicos y sociales medibles. 

Advierte que la falta de diagnóstico y atención oportuna provoca costos que pueden alcanzar hasta 2.4 millones de dólares por persona a lo largo de su vida, debido a la pérdida de productividad y dependencia permanente.

Con esta iniciativa, el Cesmich busca colocar a Michoacán entre los estados con un modelo de atención de nueva generación, alineado con estándares internacionales y con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Si la ley se aprueba, el Ejecutivo deberá instalar la Comisión Intersecretarial en un plazo de 90 días una vez aprobada la ley y garantizar en el siguiente presupuesto estatal los recursos iniciales para el Fondo Especial, el Registro Estatal y el primer centro de la Red de Atención.