Productores piden sanción a participantes en operativos aguacateros

MORELIA, Mich., 24 de mayo de 2017.- Sanciones por usurpación de funciones, así como invasión y daños a la propiedad privada, demandan productores de la entidad se apliquen en contra de funcionarios públicos participantes en los operativos de desmantelamiento de huertas frutícolas en zonas forestales por no contar con autorización para efectuar el cambio de uso de suelo, debido a que al realizar dichos operativos excedieron el ámbito de su competencia, refirió Eduardo Orihuela Estefan, presidente de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR).

Si bien declinó exponer la cifra de denuncias interpuestas por productores afectados por el retiro de huertas frutícolas en Michoacán a raíz del arranque de los operativos llevados a cabo por la Mesa de Seguridad Ambiental, Eduardo Orihuela mencionó que se cuenta con por lo menos 50 perjudicados que se han acercado a la CNPR en busca de asesoría legal, así como procesos judiciales ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de los responsables de la iniciativa.

Los delitos a perseguir, agregó, son usurpación de funciones, al asumir el estado labores que son competencia exclusiva de la Federación sin contar con un convenio que permita delimitar tareas; invasión y daños a la propiedad privada, al derribar cerca de 100 mil plantas de aguacate y durazno en 280 hectáreas productoras, más los que resulten.

Tras acotar que las sanciones que se esperaría observar son indicadas en la norma, Orihuela Estefan lamentó que en Michoacán se presente una ausencia “por omisión y por decisión” del estado de derecho que afecta ahora a los productores de aguacate, sin que se tengan garantías de que el daño no se extenderá a otros cultivos relevantes para la economía local, como frutillas, tomate, granos básicos, entre otros.

Reiteró la petición de sanción a los servidores públicos que han intervenido las huertas de aguacate señaladas como irregulares, entre los que destacó a Ricardo Luna García, titular de la Secretaría de medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático (Semarnacc), a fin de que sean procesados por las autoridades federales.

El ex diputado local por el tricolor recordó que la economía de la entidad se sustenta en parte por la producción primaria, especialmente frutícola, por lo que las acciones de retiro de huertas vulneran al sector, que provee ingresos anuales por más de 40 mil millones de pesos y genera 464 mil empleos.

Orihuela Estefan se sumó así a los señalamientos expresados por legisladores adscritos al Partido Revolucionario Institucional (PRI), como Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, y la Federación Estatal de Propietarios Rurales (FEPR), encabezada por Vladimir Piña Mendoza, en torno de la ilegalidad de las acciones de desinstalación de huertos frutícolas, primordialmente aguacate, por ocupar de manera irregular superficie forestal.

Diálogo y legalidad, soluciones alternas

Tras reiterar la necesidad de cesar estas acciones para dar paso a un diálogo entre productores y autoridades medioambientales, el presidente de la CNPR detalló que la organización que representa ha presentado tres propuestas alternas al retiro de las huertas productoras para evitar el desgaste del sector, a la vez que se penaliza a los infractores de la ley, sean estos autoridades o productores frutícolas.

Mencionó que lo primordial es el respeto irrestricto al estado de derecho, lo que exige, consideró, el cese inmediato de los operativos de retiro de superficies cultivadas al incumplir sus ejecutores con los términos de las leyes que les respaldan.

Enseguida, será menester iniciar mesas de trabajo entre los productores, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para definir mecanismos de restitución de zonas forestales dañadas viables, así como la regularización de los huertos ubicados en espacios donde no se observen afectaciones a la cobertura forestal.

Finalmente, expresó, es imperativo que no se criminalice a los “buenos productores”, ya que la operación de la Mesa de Seguridad Ambiental ha contribuido a generar una “falsa percepción” del gremio que ha sido negativa para el mismo.