Presume ASF un daño al erario por 1,653 mdp en Michoacán

MORELIA, Mich., 24 de febrero de 2020.- Un total de 51 entes de los tres poderes en el estado y organismos autónomos no comprobaron el gasto de mil 959 millones 453 mil pesos, de acuerdo con el informe general de resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de las auditorias realizadas al ejercicio fiscal 2018.

La Secretaría de Seguridad Pública es el ente con el mayor monto observado, 457 millones 271 mil pesos, le sigue el Instituto Electoral de Michoacán con 396 millones 550 mil pesos y en tercer lugar se ubicó el Congreso del Estado con 288 millones 799 mil pesos.

La ASF indica que el importe correspondiente a la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto de la muestra de auditoría revisada por mil 653 millones, los cuales fueron observados.

De ese monto no fue posible comprobar la entrega de bienes y servicios de acuerdo a la cantidad, especificaciones y fechas de entrega contratadas y en su caso, la aplicación de penas convencionales correspondientes.

Por ello la ASF presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por los mil 653 millones de pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones Federales, por no proporcionar la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, así como la evidencia de los bienes y servicios recibidos

La ASF solicitó a la Secretaría de Finanzas y Administración esa información para desvanecer las observaciones, en caso de no hacerlo se abre la investigación para determinar si las observaciones son graves o no, en caso de resultar graves se van a substanciación y se determina entonces si se turnan al Tribunal de Justicia Administrativa.

En el caso de las dependencias del Ejecutivo, la ASF emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no presentaron los procesos de adquisición y contratación; no presentaron los contratos debidamente formalizados.