MORELIA, Mich., 1 de mayo de 2017.- Integrantes de la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario propusieron, tanto al Gobierno de Morelia como al de Michoacán, la firma de un convenio para el diagnóstico participativo sobre toxicomanías en el estado, al considerar que las políticas actuales enfocadas al combate de las adicciones facilitan la violación de los derechos humanos.
“Los procesos de atención basados en el internamiento como opción principal para el combate a las adicciones solo facilitan la violación de los derechos humanos y la comisión de conductas delictivas, y no cubren el punto principal de una política pública, enfocada a la erradicación de las adicciones: la disminución de oferta y demanda”, refirió Verónica Espinosa Cisneros, vocera de la organización.
Consideró que la criminalización de los adictos ha probado no brindar resultados en la reinserción social de los dependientes a una sustancia, por lo que se deberán tomar alternativas con mayor enfoque social y menor enfoque criminal.
De igual manera, sugirió la modificación a la ley de sanciones, a la ley de salud y a la ley de salud mental del estado de Michoacán, para poder articular acciones de atención suficientes y eficaces en contra de las adicciones.
Insistió en que la manera más eficaz de dar seguimiento al progreso de un adicto es mediante el acompañamiento de este dentro de los centros de atención a adictos públicos y privados, con la finalidad de certificar su avance durante el proceso.
Por otro lado, refirió que es necesaria la elaboración de manuales operativos, con fines terapéuticos y orientadores, tanto para profesionales como adictos, de forma que se mitigue la oferta y la demanda de los estupefacientes.
También propuso la donación del centro Penitenciario Francisco J. Múgica de Morelia a la asociación civil, para crear un espacio de desarrollo social con actividades deportivas, culturales, desarrollo comunitario y otros que permitan la reinserción a la sociedad de los adictos.