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MORELIA, Mich., 25 de junio de 2020.- La pandemia de coronavirus (Covid 19) y la restricción de las actividades presenciales han adelantado en una década a las instituciones públicas en la incorporación de las tecnologías de la comunicación y la información (TIC’s), y los órganos garantes de la transparencia en el país no han sido excepción, coincidieron representantes de institutos de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales participantes en el foro Nuevos Paradigmas hacia la Administración Pública Electrónica desde los Órganos Garantes de Transparencia, región sureste.
Sin embargo, este desarrollo acelerado ha puesto sobre la mesa los retos que México y las entidades enfrentan actualmente en la transición a un gobierno electrónico, concentrados sobre todo en carencias presupuestales, la brecha digital y la capacitación en el uso de las TIC’s por parte de funcionarios y usuarios, agregaron.
De acuerdo con Contia Cantero Pacheco, comisionada para los Órganos Garantes en las Entidades Federativas, del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la pandemia ha sido una oportunidad y punto de partida para que las instituciones puedan garantizar el derecho a la información de la sociedad, incluso en condiciones restrictivas.
“La pandemia nos adelantó 10 años en la incorporación a la tecnología para la comunicación y la información”, reiteró.
Así, las TIC’s se han vuelto “aliadas para la atención de los usuarios de los organismos públicos”, en un momento donde se hace necesario replantear y acelerar la transición hacia los procesos administrativos en línea, la rendición de cuentas y el acceso a datos públicos incluidos, agregó Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).
No obstante, esta exigencia, motivada en lo inmediato por la pandemia de Covid 19 y desde años atrás, por la necesidad de acercar los servicios de los órganos garantes de transparencia a la mayor cantidad posible de usuarios, enfrenta varios retos.
Entre estos, la brecha digital que prevalece en la población, donde más de cuatro de cada 10 mexicanos no tiene acceso a Internet, destacó Naldy Patricia Rodríguez.
Asimismo, la insuficiente calidad de los servicios digitales en zonas como el sudeste mexicano, el área rural y las localidades de baja densidad poblacional, agregó Orlando Espinosa Rodríguez, titular del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.
Presupuestos limitados que llevan a que algunos órganos garantes ni siquiera puedan adquirir equipo de cómputo, adaptaciones normativas y resistencias personales son otros retos que deberá asumir el sector en la transición hacia una actividad electrónica y digital, consideró Eugenia Sansores Ruz, comisionada del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip) de Yucatán.
La profesionalización de los servidores públicos es fundamental para el éxito de este proceso, aseveró Óscar Guerra Ford, comisionado del INAI, quien apuntó que el 95 por ciento de las respuestas electrónicas emitidas por los órganos garantes consta de documentos escaneados, información que se vuelve digital al momento de atender la petición.
Aunado a ello, Rodríguez Lagunes mencionó que se tiene que afrontar la comisión en el medio digital de delitos que ya se dan en físico, como la violencia digital, sobre todo contra las mujeres; el robo de identidad, y otros que arriesguen los datos personales o que favorezcan la exclusión de grupos vulnerables.
Cantero Pacheco refirió que el país experimenta un cambio que requiere de organización aptitudes ante la nueva realidad, donde los órganos garantes de la transparencia deben evaluar su papel en el tránsito a lo que será una administración pública electrónica.
“Ya no hay pretextos, el problema es la organización de la información, se requiere que los servidores públicos tengan acceso remoto a la información, ponerla en la nube, con eso desde cualquier parte del mundo se pueden atender las solicitudes y los recursos de revisión”, agregó Guerra Ford.
El proceso debe tener como meta un acercamiento entre la sociedad y las autoridades, no únicamente la publicidad de datos, acotó Sansores Ruz.
“La pandemia aceleró los procesos de digitalización y abrió canales de comunicación, algunos de los cuales ya existían, pero no se usaban mucho”, indicó Naldy Patricia Rodríguez.




