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MORELIA, Mich., 8 de junio de 2018.- La Ley de Desarrollo Social del estado es centralista, no propicia la transparencia de los programas ni la rendición de cuentas y su enfoque es más social que humano, de acuerdo con un estudio comparativo, resultado del estudio y análisis de la legislación de Coahuila, Nuevo León, Guanajuato y el Distrito Federal en comparación a la del Estado de Michoacán.
El comparativo fue realizado por Mariana Rivera Serrano, investigadora del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos del Congreso del Estado, pero se abstuvo de hacer recomendaciones, a excepción de incluir las auditorías como mecanismo de control.
En la Ley de Coahuila se prioriza la participación de los ayuntamientos, dotándolos de mayor responsabilidad operativa y no solo presupuestaria, además las herramientas para garantizar la trasparencia de los programas sociales son más y se apoyan en una plataforma digital y órganos de control y vigilancia aunque mayor precisión en lo referente a los indicadores para la planeación operativa y presupuestal, evaluación y transparencia de los programas.
En el comparativo con Nuevo León se estableció que las dos leyes tienen una estructura y objetivo diferente ya que la neolonesa se enfoca a la libertad, justicia distributiva, integralidad, participación social, sustentabilidad, respeto a la diversidad y transparencia. Contemplan un capítulo de política de desarrollo social, en el cual señala el objetivo, las líneas de acción de los programas orientados, la continuidad y la participación ciudadana.
La ley en Guanajuato tiene como objeto promover y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social y humano. Contempla dos figuras que no están en la legislación de Michoacán que son la empresa social y sector social de la economía.
La ley de la Ciudad de México es similar a la michoacana en su conformación, estructura y conceptos; sin embargo, la gran diferencia son las auditorías como mecanismo de control hacia la aplicación, operación y funcionamiento de los programas y planes de Desarrollo Social.