MORELIA, Mich., 8 de enero de 2020.- Salvador Martínez Calvillo, juez segundo de distrito, negó la suspensión definitiva del decreto mediante el cual el gobernador Silvano Aureoles ordenó la extinción y liquidación de la Junta de Caminos el pasado 25 de noviembre a uno de los trabajadores de ese organismo público descentralizado.

Se trata del juicio de amparo I-1382/2019-C promovido por uno de los trabajadores el cual fue negado porque una de las finalidades del decreto es la protección del patrimonio estatal mismo que impacta a todos los habitantes del estado.

El juez señala en su resolución que de conceder la medida cautelar solicitada se contravienen disposiciones de orden público e interés social por lo que se impone negar la suspensión definitiva solicitada.

“De concederse la medida cautelar solicitada contra la aplicación y efectos producidos por el decreto, se traduciría en un perjuicio al interés social y contravención de normas de orden público, pues tanto la sociedad como el estado tienen interés en evitar gastos innecesarios que se pudieran generar con la existencia de la Junta de Caminos ya que se privaría a la colectividad de los recursos económicos para la satisfacción de las necesidades comunes.

“En otras palabras de concederse dicha suspensión se le permitiría al quejoso seguir gozando de prestaciones laborales que se generaban antes de la publicación del decreto reclamado, por lo que el eventual perjuicio que puede resentir el quejoso resulta de menos entidad frente a la afectación causada a la colectividad en el supuesto de otorgarse la medida en cuestión”.