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CIUDAD DE MÉXICO, 18 de febrero de 2018.- En gran parte de México, abortar es visto más como una falta que como una opción libre para las mujeres. Cada año, de 2015 a 2017, se iniciaron, en promedio, 500 investigaciones por el delito de aborto en el país. En dos de cada cinco, es decir 200 casos, se acusó a una mujer. Tan sólo en 2017, de las 482 averiguaciones que se registraron, en 168 el cargo fue contra una mexicana, de acuerdo con el Censo de Impartición de Justicia del Inegi.
De acuerdo con El Universal, los datos muestran un patrón innegable: en 21 de las entidades del país, el número de mujeres acusadas siempre está por encima de los registros en contra de hombres, casos en los que la pareja presuntamente obliga al aborto y los englobados en la categoría “otros”, que incluye a personal médico. Las únicas entidades que rompen con esta tendencia son la capital y el Estado de México. En este último, en 2017 fueron imputados 27 hombres por este ilícito.
La realidad es que ninguno de los estados del país despenaliza las ocho causas que permiten un aborto y que se reconocen en los distintos códigos penales.
Incluso en la capital, si una mujer interrumpe su embarazo después de las 12 semanas y no existe otra causa como violación, riesgo en su salud o malformación genética, sí es un delito, explica Rebeca Ramos, coordinadora de Incidencia en Política Pública de GIRE.




