Muestran devastación y explotación de bosques por plantíos de aguacate

MORELIA, Mich., 26 de octubre de 2018.- Un recorrido a través de vías carreteras en las inmediaciones de los municipios de Uruapan, Pátzcuaro y Salvador Escalante muestra la devastación y el daño ambiental que ha ocasionado la explotación ilegal de los recursos forestales en Michoacán, principalmente con la finalidad de reemplazar los bosques de pino y encino que caracterizan la zona por huertas de aguacate.

A pie de carretera se observan las áreas donde el bosque ha sido retirado y sustituido por plantas de aguacate en predios de vocación forestal, los árboles talados, la madera abandonada, las camionetas que extraen los troncos y las personas afanadas en la siembra de aguacate.

“La voracidad de algunos productores de aguacate ha afectado áreas boscosas en municipios como Uruapan, Zitácuaro, Ocampo, Tacámbaro y Madero y les ha llevado a actuar no sólo en los terrenos ubicados en las áreas altas de los cerros y las comunidades, sino en las orillas de las carreteras, a cualquier hora del día”, explicó Jaime Chávez Arreola, asesor y apoderado jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet).

Desde 2016, con la creación de la Mesa de Seguridad Ambiental, se han efectuado 55 operativos de desinstalación de huertas frutícolas, sobre todo aguacate y frutillas, y otros aprovechamientos ilegales del bosque. Estas acciones han resultado en cerca de 300 hectáreas recuperadas.

“Pero el resultado prioritario que buscamos es evitar la devastación de las áreas donde el bosque aún prevalece, porque al hablar con los propietarios de las huertas irregularmente establecidas estos refieren que son además dueños de bosque, pero encontramos indicios de que tienen la intención de extender en éste sus cultivos”, mencionó Chávez Arreola.

El viernes 26 de octubre tuvo lugar el operativo número seis de este año, en predios ubicados en Zirahuén y San Juan Tumbio; en el primer caso, se intervinieron cuatro hectáreas, de las que se retiraron 888 plantas de aguacate con una altura media de un metro a 1.5 metros y señales de reciente incendio de los árboles de pino que rodean el lago de Zirahuén.

Posteriormente, en San Juan Tumbio se retiraron 283 plantas en dos hectáreas, de un predio forestal sin permiso para el cambio de uso de suelo que por tercera vez se intenta convertir en una huerta aguacatera.

Mientras los árboles de pino muestran signos de incendio, los cultivos aledaños gozan de buena salud, lo que evidencia la pretensión de recurrir al fuego como medio de reemplazo del bosque por cultivos.

Asimismo, en las inmediaciones de San Juan Tumbio, a pie de carretera, se encuentran presuntos pobladores de Capacuaro afanados en el retiro de madera de un predio particular, sin un plan de manejo para el aprovechamiento sustentable.

“Las personas de Capacuaro vienen todo el tiempo a llevarse la madera de otros predios, la cortan, la suben a sus camionetas y la llevan a su localidad, con la complicidad de los dueños de los terrenos, quienes una vez que el bosque sea eliminado sembrarán aguacate; así lo hacen todo el tiempo”, manifestó un resinero que transitaba por el área afectada.

“Los bosques necesitan manejo para evitar la acumulación de materia flamable, pero éste debe hacerse de forma sustentable y bajo la supervisión y el acompañamiento de la autoridad ambiental”, aseguró Jaime Chávez.

También en Zirahuén, el sonido de motosierras alerta a los inspectores de la Mesa de Seguridad Ambiental; si bien los predios anteriores se ubicaban en zonas de relativo fácil acceso, para arribar al sitio donde se cree que se puede llevar a cabo tala clandestina los inspectores, acompañados por la Policía Ambiental, deben ingresar a un espacio agreste y una barranca.

Trabajadores refieren la tala de árboles impactados por una plaga, para lo que cuentan con una notificación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); no obstante, se detectan inconsistencias que permiten suponer la existencia de delitos ambientales.

“La tala ilegal, el cambio de uso de suelo sin autorización, los incendios provocados y la instalación de sistemas productivos no permitidos son delitos ambientales que generan un fuerte impacto adverso, ya que el suelo queda sin la protección de la cobertura forestal y los agroquímicos contaminan los mantos acuíferos”, indicó Chávez Arreola.