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MORELIA, Mich., 9 de agosto de 2026.- Este domingo se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994. En este contexto vale la pena recordar cómo ha ido ganando terreno el reconocimiento a estos pueblos en México, y la importancia que tiene Michoacán en ello.
En temas de legislación para proteger a los pueblos indígenas, lo más importante está en torno al reconocimiento constitucional de su libre determinación, la protección de su patrimonio cultural inmaterial y la creación de sistemas de justicia comunitaria.
En ese sentido hay que recordar que en 2001 se llevó a cabo la reforma constitucional del artículo segundo a fin de buscar el reconocimiento constitucional de la pluralidad. Esta reforma significa un pilar muy importante para ello porque define a nuestro país de manera jurídica como una nación pluricultural, la cual se sustenta originalmente en sus pueblos indígenas, garantizando su derecho a la libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización.
Esta reforma también avaló el derecho a la consulta previa de estas poblaciones, es decir, quedó en rango constitucional la obligación que tiene el Estado de consultar a pueblos y comunidades previo a la adopción de medidas legislativas o administrativas que puedan generarles una afectación de manera directa.
En 2022 se llevó a cabo un logro histórico a fin de generar la protección de la propiedad intelectual del patrimonio cultural de los pueblos originarios, ya que han sido documentados varios casos en los que hay una apropiación y plagio en perjuicio de estas comunidades.
Es así que se generó la Ley General de Salvaguardia de la Cultura y el Patrimonio de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas, la cual reconoce a las comunidades como titulares exclusivas de los derechos de propiedad colectiva sobre su patrimonio cultural, exigiendo su consentimiento previo, libre e informado, así como un reparto justo de beneficios si terceros desean utilizar sus creaciones.
También se ha avanzado en el reconocimiento de los usos y costumbres de estas comunidades, ya que la ley en nuestro país permite que los municipios indígenas elijan a sus autoridades locales mediante sus sistemas internos sin la intervención obligatoria de los partidos políticos tradicionales.
Dentro de los avances también se ha logrado consolidar reformas que permiten a las comunidades indígenas autónomas administrar y ejecutar de manera directa sus recursos presupuestales federales y estatales, fortaleciendo el autogobierno.
Además, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de 2003 permite dar reconocimiento a las lenguas indígenas como lenguas nacionales, y por ello tienen la misma validez que el español. Debido a este reconocimiento, se creó a la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) y al diseño de políticas para evitar su desaparición.
Otro punto importante es que la ley exige que en cualquier juicio del Estado, los indígenas tengan derecho a ser asistidos gratuitamente por intérpretes y defensores públicos con conocimiento de su lengua y cultura, garantizando el debido proceso.
Un reclamo que había sido constante era la visibilidad a las comunidades afromexicanas, lo que sucedió tras una reforma constitucional en 2019, ya que se agregó un apartado al Artículo 2° para reconocer legalmente a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural del país, otorgándoles los mismos derechos de protección, autonomía e inclusión que a los pueblos indígenas.




