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MORELIA, Mich., 9 de julio de 2026.– Los animales de compañía también pueden convertirse en una excusa para que los dueños ejerzan violencia dentro de las relaciones familiares, una problemática que ha sido documentada por organizaciones dedicadas a la protección animal, señaló el juez primero de lo Familiar, Alejandro Rafael Vargas Nieto.
El juzgador explicó que colectivos animalistas han advertido que muchas personas permanecen en entornos de violencia porque no encuentran un lugar donde refugiarse junto con sus perros o gatos.
"Los grupos dedicados a la protección animal han documentado que las mascotas también pueden ser utilizadas como una forma de ejercer violencia. Hay personas que permanecen en relaciones violentas porque no tienen un lugar donde puedan refugiarse con sus animales de compañía", expuso.
Añadió que esta situación se presenta debido a que numerosos refugios para víctimas de violencia no permiten el ingreso de mascotas, mientras que familiares o amistades que ofrecen alojamiento temporal tampoco siempre pueden recibir a los animales.
"Esa parte también genera que la gente no salga de un círculo de violencia, porque muchas veces no tienen dónde llevar a sus mascotas", comentó.
Vargas Nieto señaló que otra forma de violencia consiste en utilizar a los animales para provocar daño emocional a la pareja, ya sea mediante amenazas, maltrato o restringiendo el contacto con ellos.
Indicó que, aunque este tipo de casos no se ha presentado en los asuntos que ha conocido el Juzgado Primero Familiar, sí existe evidencia aportada por organizaciones animalistas sobre el papel que pueden desempeñar los animales de compañía dentro de las dinámicas de violencia familiar.
El juez explicó que, en los conflictos derivados de separaciones o divorcios, las mascotas también pueden convertirse en un motivo de disputa cuando existe un vínculo afectivo entre alguna de las partes y el animal.
Recordó que la Ley de Protección Animal de Michoacán reconoce a los animales como seres sintientes y objeto de tutela jurídica, por lo que las autoridades deben considerar su bienestar al resolver controversias relacionadas con su custodia o convivencia.




