MORELIA, Mich., 14 de octubre de 2019.- Inspectores de la Dirección de Residuos Sólidos, en Morelia, darán inicio a la imposición de sanciones en contra de quienes abandonan sus materiales de desecho en sitios no apropiados para ello, refirió Esteban González Luna, titular de la instancia.

Expuso que, tras meses de espera, finalmente recibió la Dirección de Residuos Sólidos los formatos para llevar a cabo las multas a que se harán acreedores quienes depositen su basura en espacios no aptos para este fin.

Serán emitidas las sanciones tras un máximo de dos apercibimientos, en el caso de los particulares, y tras la detección de los abandonos, en los casos donde estos representen un riesgo inmediato de proliferación de fauna y flora nocivas, formación de focos de infección y malos olores.

González Luna detalló que las multas oscilarán de una a 50 unidades de medida y actualización (UMA), es decir, de 84.49 pesos a 42 mil 245 pesos, por parte de 72 inspectores desplegados, sobre todo, en los sitios considerados críticos, como el Centro Histórico, la colonia Electricistas, la avenida Solidaridad, la calle Primero de Mayo y las salidas de la ciudad.

Posteriormente, se intervendrán otros sitios, como la calzada Juárez, las tenencias y las inmediaciones del mercado de abastos, así como atención a personas que realizan acopio de residuos sólidos en sus domicilios.

Esteban González agregó que, a la par, se incentivará el barrido de los frentes de casas y negocios por parte de los ciudadanos, así como la entrega de los residuos sólidos separados, con la dispersión de volantes y la realización de apercibimientos a quienes incurran en incumplimiento de estas actividades.

Sin embargo, no descartó que en estos casos también se impongan multas, que fluctúan de una a 50 UMA, equivalentes a hasta 4 mil 224.50 pesos.

Recordó que, aunque el personal de Residuos Sólidos no interrumpió los trabajos de monitoreo y disuasión de la formación de tiraderos clandestinos y abandonos de basura, la imposición de multas se suspendió, debido a que fallas en los formatos emitidos permitían a los infraccionados inconformarse ante las autoridades administrativas e impedir así el pago.