Latinoamérica, región con mayor desigualdad, de acuerdo al CIAF 2017

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de septiembre de 2017.- La desigualdad es la base de la discriminación estructural que sufren los grupos en situación de vulnerabilidad, y en este sentido, Latinoamérica se destaca como la región con mayor desigualdad, coincidieron especialistas en el conversatorio "La contribución de la planeación de política pública antidiscriminatoria al logro del desarrollo incluyente", en el marco del primer día de trabajos del Curso Internacional de Alta Formación 2017, organizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), señala un comunicado de prensa.

En dicho conversatorio -moderado por Alexandra Haas Paciuc, presidenta del Conapred-  participaron Antonio Molpeceres, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en México y representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Magdalena Sepúlveda Carmona, ex relatora de las Naciones Unidas sobre Extrema Pobreza y los Derechos Humanos; y Karla Jones, representante del Senado de la República.

En su participación, Antonio Molpeceres señaló que la Agenda de Desarrollo 2030 busca reducir las desigualdades dentro y entre los países que la han suscrito, por lo cual está vista como una obligación para dichas naciones en aras de lograr la meta de construir un mundo más justo.

Explicó que hay grandes desafíos por cumplir, sobre todo para Latinoamérica por contar con los mayores índices de desigualdad, no sólo económica, sino también de acceso a derechos. Mencionó que la política tributaria en esta región perpetúa la desigualdad económica y señaló que la educación es un instrumento fundamental para alcanzar la igualdad. En tal sentido, reflexionó sobre la dicotomía que se da entre la educación pública y privada en la región, cuestión que no ocurre en los países más ricos y desarrollados.

Además, Molpeceres destacó que México es un país que tenderá a convertirse en receptor de migrantes y éste será un enorme reto para el Estado.

Por su parte, la ex relatora de la ONU en temas de pobreza y derechos humanos, Magdalena Sepúlveda Carmona, señaló que la adopción de la Agenda 2030 supone una transformación para el Estado, pues a diferencia de los Objetivos del Milenio, incorpora los problemas de la desigualdad y del cambio climático.

Por ello, manifestó la necesidad de que las políticas públicas prioricen a los grupos vulnerables e incorporen también el enfoque de la interseccionalidad; por ejemplo, para diseñar políticas públicas dirigidas a las mujeres indígenas, quienes por sus condiciones de género y de pertenencia a un pueblo indígena, se encuentran en mayor riesgo de desigualdad y discriminación.

Agregó que en la Agenda 2030 se ha dado un cambio de paradigma al incorporar temas de género, como lo es la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer, garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, asegurar la participación de las mujeres en la toma de decisiones, así como el acceso a recursos económicos, la propiedad privada y la tenencia de la tierra y, resaltó, uno fundamental para alcanzar la igualdad es el que tiene que ver con el trabajo del cuidado no remunerado.

Magdalena Sepúlveda abundó en que se ha dado una feminización de la pobreza, es decir, que hay una mayor proporción de mujeres en pobreza que hombres, lo que se traduce en una mayor exclusión y vulnerabilidad de desigualdad y discriminación. Señaló que, aunque ha habido un mayor acceso al trabajo y la educación, hay una menor participación de mujeres en el mercado laboral y mayor rezago en diversos temas.

En su intervención, Karla Jones, del Senado de la República, refirió que el poder legislativo está abocado a construir la normatividad necesaria para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, así como a generar mecanismos de evaluación del cumplimiento de dichos objetivos. Mencionó la importancia del diagnóstico como punto de partida para la definición de políticas públicas que atiendan las fallas que generan la discriminación estructural, así como mecanismos de seguimiento.

Finalmente, a pregunta expresa de las personas asistentes al Curso Internacional de Alta Formación 2017, la presidenta del Conapred, Alexandra Haas Paciuc recalcó que "transitar de un modelo asistencialista a un modelo de ciudadanía donde se ejerzan los derechos es un cambio paradigmático necesario para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030".

Se puede seguir el desarrollo de las sesiones vía streaming desde la página del Conapred http://www.conapred.org.mx/