MORELIA, Mich., 14 de junio de 2019.- La falta de capacitación de los jueces, la excesiva carga de trabajo en las estructuras judiciales, aunado al poco valor que se otorga al proceso probatorio, son factores que minan, en algunos países de Centro y Sudamérica el acceso a la justicia, consideró la doctora en Jurisprudencia Ana Zenobia Giacomette Ferrer.
En el marco inaugural de la Semana Nacional de Acceso a la Justicia, del Poder Judicial de Michoacán, Ana Zenobia Giacomette Ferrer, doctora en Jurisprudencia por la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, Colombia, expuso una conferencia magistral en que destacó que en su país el acceso a la justicia es un derecho fundamental.
“Cuando hablamos de acceso a la justicia hablamos de que cualquier persona pueda acudir ante sus órganos judiciales para que dentro de condiciones y requerimientos de ley resuelva en un tiempo razonable el conflicto, porque el propósito de todo conflicto es que le resuelvan de todo el problema”, comentó.
A pregunta expresa, la maestra en derecho procesal constitucional con 35 años de experiencia como litigante, consideró que entre los factores que minan el acceso a la justicia destaca la falta de preparación de los propios jueces, que son los responsables de la administración de justicia.
“Muchas veces, los jueces, más que ser la solución al problema se vuelven parte del mismo problema tal vez por falta de conocimiento, actualización u otras; un segundo punto que veo generalizado es que no se le da trascendencia al proceso de pruebas, porque no es posible que un juez pueda decidir sin un soporte probatorio”, explicó.
Abundó que en diferentes países el aspecto probatorio se enseña muy “por encimita”, lo que genera que haya jueces que llegan a impartir justicia sin conocer la importancia y trascendencia de un principio de necesidad de las pruebas.
Refirió que la consecuencia de la no profundizar en las pruebas su trascendencia también es la valoración, a lo que se suma que los jueces no deciden en un proceso razonable, por lo que el proceso de acceso a la justicia se convierte en sí en un mecanismo de agravio.
“Pienso que no hay mayor injusticia que una justicia demorada, creo que el justiciable necesita que le resuelvan su problema hoy aquí y ahora, independientemente de las razones que pudiera tener un juez; una excusa es que hay mucha congestión judicial, pero creo que el administrado no tiene por qué soportar la carga de una estructura de la rama judicial”, dijo.
A pregunta expresa, la jurista consideró que en América Latina sí hay acceso a la justicia, pero destacó la necesidad de hacer efectivo el acceso a la justicia más allá del imperativo constitucional, a partir de derechos inherentes como el debido proceso, apego a la etapa probatoria, ejercicio de la defensa y otros.