MORELIA, Mich., 22 de octubre de 2019.- La intención de fraccionar dentro del Área Natural Protegida (ANP) de la Loma de Santa María, por parte de un particular, dejó al descubierto actos de corrupción durante la administración municipal del ex presidente Alfonso Martínez.
De acuerdo con autoridades ambientales, entre 2016 y 2017, un particular compró dos predios ubicados en los límites del ANP con la pretensión de subdividirlos y fraccionar, sin embargo, el permiso le fue revocado tras denuncias ciudadanas e identificar irregularidades en su emisión.
El dueño recurrió a un juicio de amparo con la finalidad de eliminar el decreto que protege a la Loma de Santa María con el argumento de que afectaba sus derechos, pero el 7 de diciembre de 2018 el Juez Noveno de Distrito sobreseyó el caso a favor del medio ambiente.
Esto motivó a que el particular interpusiera un recurso de revisión, y finalmente, el pasado 15 de octubre el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, confirmó la determinación del juez federal, Rodrigo Torres Padilla.
Actualmente las autoridades ambientales evalúan los daños ocasionados al ANP, ya que el particular, del que se reservó el nombre por protección de datos personales, construyó un camino de 100 metros dentro de la zona, y posteriormente se determinará la sanción económica a la que será sometido.
El procurador de Protección al Medio Ambiente, Juan Carlos Vega Solórzano, informó que en junio de 2018 se suspendió de manera total temporal esta obra y que los trabajos podrían ser demolidos.
“Son distintas violaciones a la normatividad ambiental. De 422 mil 450 pesos por el daño a la ANP. (…) En el caso de la ausencia de la manifestación del impacto ambiental, del plan de residuos de manejo especial, y de la autorización para las etapas de gestión de residuos es de 1.6 millones de pesos. Si el constructor no cumple con términos y condicionantes las multas pueden ser por el orden de los 5 millones de pesos”, explicó.
Consultado sobre la responsabilidad de las autoridades municipales, el secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Recursos Naturales, Ricardo Luna García, manifestó que la Semaccdet y la Proam realizan estas estimaciones.
“La autoridad (municipal) por ser negligente y emitir un resolutivo que no está apegado a la ley, evidentemente que sí es sujeta a un tema de sanción por corrupción. (…) Los funcionarios que tuvieron la responsabilidad en emitir el resolutivo a favor del promovente”, dijo.
Michoacán cuenta con 52 Áreas Naturales Protegidas, y en el caso de la Loma de Santa María, que cuenta con una superficie de 170.5 hectáreas, es por un decreto de 2009. Provee servicios ambientales como la captación de agua, captura de carbono y regulación de la temperatura por 34 millones de pesos al año.
En sus inmediaciones se encuentra la zona de restauración y protección ambiental Cañadas del Río Chiquito, con una extensión de 205.08 hectáreas, y a un costado se ubica el Parque Ecológico Urbano, Francisco Zarco, con una superficie de 17.80 hectáreas.