Instruye Inai a ProMéxico a transparentar proyectos suspendidos

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de octubre de 2017.- El Fondo ProMéxico deberá buscar y dar a conocer los proyectos de inversión privada nacional y extranjera que haya registrado, pero que fueron suspendidos o cancelados, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), señala un comunicado de prensa.

Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que ProMéxico representa una de las estrategias para impulsar la economía del país, ya que el fideicomiso promueve el comercio y la inversión internacional, y se enfoca en el apoyo al proceso exportador de empresas establecidas en el país.

“Durante sus 10 años de existencia ha logrado atraer mil 126 proyectos de inversión extranjera directa, los cuales representan inversiones por 109 mil millones de dólares, lo que ha generado 411 mil fuentes de trabajo, uno de cada 17 nuevos empleos en el país, y todos enfocados en la creación de nuevas industrias, la consolidación de mercados emergentes y el desarrollo de nuevos sectores”, apuntó.

Sin embargo, el comisionado Salas destacó que la estrategia ha sufrido un recorte a su presupuesto del 30 por ciento, entre 2015 y 2017, lo que ha propiciado que ProMéxico ajuste sus expectativas de inversión extranjera directa en un 13 por ciento, para este año.

“Aunado a esto, la prensa ha reportado que algunas de las empresas con las que trabaja el fideicomiso, han hecho eco de los llamados del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para cancelar proyectos de inversión en nuestro país, tal es el caso de Ford Company que, pese a que se había beneficiado con dinero de los contribuyentes mexicanos, derivados de este fideicomiso ProMéxico, canceló, en enero de este año, la construcción de su planta en San Luis Potosí”, recordó.

El comisionado del INAI dijo que, este tipo de casos, son de suma importancia en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio.

“La incertidumbre generada por este proceso nos obliga a ser más enfáticos en la diversificación de nuestra economía, autoridades y actores relevantes como ProMéxico, deben coordinarse para que nuestro país obtenga los mayores beneficios posibles en las negociaciones comerciales, en la esfera internacional”, concluyó Joel Salas.

Lo anterior, luego de que un particular solicitó dicha información y el sujeto obligado indicó que turnó el requerimiento a la Unidad de Promoción de Negocios Globales, a la Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional, a la Dirección Ejecutiva de Promoción Nacional, a las Oficinas de Representación en las Entidades Federativas y en el Extranjero, a la Unidad de Inteligencia de Negocios y a la Unidad de Desarrollo Sectorial, las cuales manifestaron  no haber localizado  ningún documento al respecto.

Asimismo, ProMéxico señaló que cuenta con una base de datos denominada “Bitácora”, en la que se registran los proyectos de inversión, pero su estructura impide el desagregado de la información.

Sin embargo, precisó que fueron cancelados los proyectos de inversión Ford y Carrier, al tiempo que proporcionó dos vínculos electrónicos, respecto de dos notas periodísticas en las que se hace alusión a dicha cancelación.

Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que la información proporcionada estaba incompleta, toda vez que, de una búsqueda en Internet, se encontraron anuncios de otras inversiones canceladas en México.

En alegatos, el sujeto obligado manifestó que la “Bitácora” es una herramienta para el registro de los proyectos de inversión, en la que obra información requerida, la cual no es susceptible de dar acceso “in situ”, por tratarse de datos confidenciales.

Destacó que la información solicitada, como lo señala el Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera, no podrá ser proporcionada por disposición expresa, ya que se trata de inversiones privadas, no de inversión de recursos públicos.

En una audiencia que la ponencia del comisionado Salas sostuvo con el sujeto obligado, éste señaló que los datos en su poder no son suficientes para determinar si un proyecto de inversión se canceló o suspendió, pues ProMéxico no es la dependencia a la que se notifica sobre la suspensión o cancelación de una inversión y sí lo es el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, instancia administrada por la Secretaría de Economía.

En el análisis del caso, la ponencia advirtió que la Unidad de Enlace omitió realizar una búsqueda exhaustiva dentro de la Dirección Ejecutiva de Estudios y Evaluación de Proyectos y la Dirección Ejecutiva de Estrategia, en virtud de que dichas unidades administrativas también resultan competentes para conocer sobre lo solicitado.

Se apuntó que, si bien el sujeto obligado no es la dependencia a la que se le notifica acerca de la suspensión o cancelación de una inversión, ProMéxico no resulta ajeno a dicha posibilidad.

Se destacó que la información entregada por parte del sujeto obligado no obra en sus archivos, es totalmente ajena a ProMéxico, toda vez que esta no fue generada ni documentada derivado de las facultades con las que cuenta el sujeto obligado, sino de fuentes de acceso pública.

En ese sentido, el sujeto obligado generó una falsa expectativa para el particular, puesto que se propicia incertidumbre jurídica respecto de si se trata de la totalidad de la información disponible para consulta, lo cual en el presente caso es erróneo, toda vez que el resultado de la búsqueda realizada por el sujeto obligado dentro de su bitácora fue la inexistencia.

Aunando a que el sujeto obligado manifestó que dentro de lo solicitado se encuentra información considerada con el carácter de confidencial, manifestación no procedente, ya que el estudio del caso versa sobre la inexistencia, por lo que no resulta congruente aludir a clasificación, dado que no se tiene certeza sobre la existencia de la misma.

Por lo anterior, a propuesta del comisionado Joel Salas Suárez, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de ProMéxico y le instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva de la información dentro de las unidades administrativas que resulten competentes, sin omitir a las ya referidas, para tratar de localizarla y, en su caso, entregarla al particular.