Imco: registró Michoacán prácticas que incentivan la corrupción

MORELIA, Mich., 20 de abril de 2018.- Michoacán registró prácticas en el manejo de la obra pública que incentivan la corrupción, la discrecionalidad y potenciales conflictos de interés, refirió el Instituto Mexicano de Competitividad (Imco).

De acuerdo con el Índice Legal de Obra Pública (ILOP), del Imco, que evalúa la calidad del marco jurídico de los 15 estados con mayor población e impacto en el producto interno bruto (PIB) nacional, Michoacán, a la par con Baja California, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas, incurre en la incorporación de colegios y cámaras empresariales en su Comité de Obra Pública, “lo que constituye un claro conflicto de interés”.

Asimismo, expuso que de los parámetros revisados por el instituto, que fueron acceso libre a los procedimientos de contratación, criterios de asignación de contratos objetivos y combate a acuerdos de colusión; autorización de recursos para proyectos conforme con el plan de obra pública; actuaciones del procedimiento de contratación sujetas a auditoría; programa estatal de obra pública alineado a los planes estatal y nacional de desarrollo; aplicación de sanciones a servidores públicos o a particulares; sistemas informáticos y plataformas electrónicas que permitan el control y el desarrollo de los procedimientos de contratación y los contratos adjudicados, y obligaciones de publicación de información relacionada con los procedimientos de contratación y los contratos adjudicados, Michoacán tuvo un apego del 50 por ciento.

Este indicador colocó a la entidad como el décimo de los 15 estados analizados con mayor cumplimiento de los requisitos mínimos para garantizar la correcta administración de la obra pública, precedida por Estado de México, Veracruz, Sonora, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco y Puebla.

Los estados con mayor presencia de prácticas que incentivan la corrupción y la discrecionalidad en la materia fueron Querétaro, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Baja California.

El ILOP mencionó que de los siete ejes evaluados sólo tres tienen una calificación aprobatoria entre los 15 estados revisados, que fueron finanzas públicas, con un 61.2 por ciento; fiscalización, con un 71.3 por ciento, y planeación, 66.1 por ciento; por su parte, las entidades reprobaron en competencia, con un 38.8 por ciento; responsabilidades administrativas, 52.3 por ciento; tecnologías de la información, 39.7 por ciento, y transparencia, 50.7 por ciento.

En específico, expresó que Baja California exige a los concursantes por obra pública un domicilio en el estado, “lo que constituye una barrera relevante para la competencia”, en tanto que en  Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato y Jalisco los contratos pueden modificarse por más del 25 por ciento del monto o plazo, lo que desincentiva la competencia, pervierte los procesos de licitación con ofertas artificiales de bajos costos y genera espacios a la corrupción.

Agregó que en Guanajuato el procedimiento puede iniciar sin estudios ni proyectos completos, lo que genera incentivos para una mala planeación y la modificación ulterior del monto o plazo de los contratos, y en Coahuila, Nuevo León, Querétaro y Tamaulipas la ley de obra no cuenta con reglamento, lo que provoca una regulación deficiente en la materia y la pulverización de normas administrativas.

El Imco señaló que para solventar estas deficiencias se requiere realizar adecuaciones en el proceder de las entidades en control y verificación, como la restricción de la participación de colegios o cámaras empresariales en los comités técnicos de obra pública, la inclusión del testigo social en obras de relevancia por su impacto social y económico, topar la modificación de los contratos al 10 por ciento de su plazo o monto, y prever el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC).

Además, sugirió ajustes en la normatividad y acceso a la información y garantizar una adecuada competencia para acceder a las mejores ofertas.