MORELIA, Mich., 29 de mayo de 2017.- Las reformas electorales aprobadas por el Congreso del Estado generarán mayor desconfianza en la ciudadanía porque no se apegaron a la legalidad y van a ser impugnadas en temas fundamentales como la paridad de género, la reelección y la fórmulo de asignación de las diputaciones de representación proporcional.

Los diputados Ángel Cedillo Hernández del Partido de la Revolución Democrática, Ernesto Núñez del Partido Verde Ecologista de México y Mary Carmen Bernal del Partido del trabajo coincidieron al señalar que las modificaciones no se ajustaron a la ley general y más que avances hay retrocesos tanto para los partidos políticos como para la ciudadanía.

La legisladora petista señaló que con la fórmula para la asignación de las diputaciones plurinominales con la que se limita a los partidos pequeños para que acceder a ellas por el sólo hecho de obtener el tres por ciento de la votación es una muestra de que no se entiende la trascendencia que va a tener en la conformación política del estado, por lo que será impugnada.

El diputado verde ecologista calificó como un retroceso debilitar a las minorías que son el contrapeso tanto al interior del Legislativo como de los otros poderes porque se piensa que es más fácil ponerse de acuerdo entre dos o tres partidos que entre seis o siete porque con la nueva fórmula difícilmente accederán a una diputación plurinominal partidos como Encuentro social, del Trabajo o Nueva Alianza.

La reelección también es impugnable, señaló Cedillo Hernández porque se cayó en el exceso de pretender obligar a los aspirantes a separarse de su cargo 90 días antes del día de la elección porque eso no está establecido en la norma general y quien impugne ganará en tribunales la licencia para hacer campaña siendo legislador.

Los tres coincidieron en que también quedó un gran vacío entre el derecho a la reelección y la garantía de la paridad de género por lo que tácitamente se dejó al arbitrio de los tribunales encontrar el equilibrio entre esos dos derechos.

Fuera de esos temas, el resto prácticamente fue homologar la legislación local con la nacional por lo que no hubo diferendos.