Falso, que lograr seguridad pública requiera vulnerar derechos humanos

MORELIA, Mich., 18 de abril de 2017.- Consecuencia de una falta de conciencia y cultura, en México prevalecen vacíos y obstáculos en la reivindicación de los derechos humanos de grupos vulnerables, consideró Sergio García Ramírez, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien aseveró que es falaz que para lograr seguridad pública se deban sacrificar estas garantías fundamentales.

En el marco de su conferencia magistral: Hacia un derecho común interamericano sobre derechos humanos, el jurista, también investigador, académico y profesor emérito, advirtió que mientras no se ponga a la persona, no al Estado, como centro del espíritu constitucional, los postulados normativos, nacionales e internacionales en materia de derechos humanos no se aterrizarán en la realidad cotidiana.

“A veces se plantea el falso dilema entre seguridad y derechos humanos, diciéndose que si queremos seguridad tenemos que prescindir de los derechos humanos y sacrificar algunas libertades, y que si queremos derechos humanos y libertades no alcanzaremos seguridad pública. Esto es una falacia. Lo que tenemos que lograr es un acompañamiento de ambos”, comentó García Ramírez en el auditorio de la sede del Poder Judicial de Michoacán.

Durante su ponencia hizo un recuento histórico sobre la configuración de las instituciones pro derechos humanos nacionales e internacionales, a partir de la Segunda Guerra Mundial; reconoció que se han hecho esfuerzos innumerables que se reflejan en la existencia de marcos normativos que condenan actos como la tortura y la discriminación, y reivindican el acceso a los derechos fundamentales, principalmente de grupos vulnerables, como mujeres, indígenas, adultos mayores y discapacitados.

Sin embargo, consideró que el gran reto en la actualidad es consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos, por lo que urgió a hacer énfasis en la difusión de la importancia de éstos para la generación de cambios de actitud desde el seno social y administrativo y gubernamental, a partir de la educación y la garantía de un sistema democrático.

El jurista explicó que la defensa de los derechos humanos debe darse a partir de tres ejes: ideológico, que el marco constitucional admita que el bienestar de la persona es el principal objetivo del Estado, y no a la inversa; normativo, que se establezca una Ley General de aplicación de tratados internacionales.

En este mismo sentido, que México acceda a la suscripción de convenciones en las que no tiene participación, como es el caso de la convención antiterrorista y racista, y, finalmente, que los actores políticos apliquen estas normas con apego a derecho nacional e internacional, y que los órganos jurisdiccionales ejerzan el control de convencionalidad y asuman su responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las normas vigentes.