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MORELIA, Mich., 27 de julio de 2020. - Solo en el primer semestre del año, el Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias ha recuperado en favor de las víctimas mas de 20 millones de pesos.
Marisol Moreno Álvarez, coordinadora del Centro, dependiente de la Fiscalía General de Michoacán (FGM), explicó en entrevista virtual que una vez derivada a esa dependencia una carpeta de investigación:
"Nosotros generamos invitaciones, nuestra intervención no es de manera coercitiva, de obligarlos a venir al centro, porque estos procesos son voluntarios. Es uno de los principios que rigen los mecanismos alternativos: la voluntad de participar en los procedimientos".
Una vez evaluado lad condiciones en que se dio el ilícito, se extienden las invitaciones y establecen las condiciones para llegar a un acuerdo y resolver la controversia entre las partes, cuyo fin principal es poner fin a la rencilla y abonar a la paz.
La funcionaria refirió que en el año, con corte al pasado 30 de junio "se han celebrado 3 mil 81 acuerdos, que han beneficiado a 6 mil 815 personas en Michoacán, y representan más de 20 millones de pesos en favor de las víctimas", muy cerca a la totalidad de todos los acuerdos celebrados el año pasado, que fueron 3 mil 700.
Las acciones de parte de esta área de la Fiscalía no se ha detenido, no obstante la contingencia sanitaria, que abarcó una gran parte del semestre; de enero a junio más de 16 mil personas acudieron a ponerle fin a un conflicto penal, es decir, un importante grueso de la población optó por una via alterna y rápida.
Moreno Álvarez expresó hizo un llamado a todos los michoacanos a acudir a ese centro o a los regionales, porque es una gran ventaja frente a una investigación judicializada.
"Estos son procesos de acceso a la justicia, en muy poco tiempo y sin desgaste económico ni psicológico. Somos una herramienta facilitadora que permite entablar una comunicación diálogo y resolver el conflicto de manera pacífica", subrayó la funcionaria estatal.
Este centro forma parte del grupo de instituciones recién erigidas, a raiz de la reforma penal del 2008 y que ha permitido a las personas en conflicto con la ley resolver las controversias por delitos no graves sin necesidad de ir a la cárcel.




