Desconocen si hubo estudio previo para concretar aumento al transporte

MORELIA, Mich., 9 de agosto de 2026.- Generalmente, cada que se menciona la posibilidad de que la tarifa del transporte incremente en Michoacán se realizan estudios con especialistas y autoridades para conocer la situación social y ver si es factible el alza, y de cuánto. 

Un ente que en su mayoría interviene es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), con catedráticos e investigadores que aportan conocimiento y análisis para concluir suli es viable o no la modificación a la tarifa. 

Sin embargo, al consultar a la máxima casa de estudios de la entidad sobre si supieron de algún estudio de factibilidad de alza a la tarifa o si fueron convocados a ello, la rectora Yarabí Ávila González indicó que no tuvieron conocimiento. 

"No, no tenemos ningún estudio autorizado de manera institucional con respecto a ese tema (del aumento a la tarifa del transporte), y si algún maestro ayudó fue de manera personal", señaló la Rectora a Quadratín.

Y es que la incertidumbre surgió luego de que sorpresivamente la tarde del pasado viernes se informara la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán la resolución de que la tarifa del transporte público aumentaría un peso, al pasar de 11 a 12 pesos.

El dirigente de la Comisión Reguladora del Transporte (CRT), José Trinidad Martínez Pasalagua, incluso se dijo sorprendido, ya que aunque en otros años ellos sí habían solicitado el alza, en esta ocasión no, y tampoco tuvieron información previa de que esta posibilidad de incremento estuviera en análisis.

El Instituto del Transporte en Michoacán Informó más tarde que esta alza se aplicaría por cuestiones financieras del sector transportista, pero aclaró que sería el último incremento a la tarifa que se autoriza a en esta administración estatal. 

Finalmente, el catedrático y experto en materia de Derecho, Jorge Álvarez Banderas, señaló que este aumento aún no sería oficial, pues en el Dictamen publicado donde se establece la nueva tarifa, no se cuenta con un elemento fundamental: la firma del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y del Secretario de Gobierno. 

Ante ello, dijo, el dictamen se torna en inconstitucional al violentar el principio de legalidad contenido en el artículo16 constitucional, ya que al carecer de dichas firmas y no resulta por tanto obligatorio conforme a la disposición constitucional local.