No hay datos que involucren a crimen organizado con delitos ambientales

MORELIA, Mich., 10 de octubre de 2016.- En Michoacán no existen datos que permitan comprobar la vinculación de células del crimen organizado con la comisión de delitos ambientales, como la tala clandestina, el cambio forzado de uso de suelo y el saqueo de nidos de tortugas, refirió Ricardo Luna García, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático (Semarnacc).

Precisó que al momento sólo se cuenta con cerca de 16 denuncias públicas, sin que en ellas se contenga información que evidencie que en la realización de estos ilícitos se ha involucrado la criminalidad organizada o algún cártel en específico.

Expuso que los principales factores que han incidido en el recrudecimiento de los efectos adversos del cambio climático, como la alteración de los patrones de lluvias y secas, el incremento de la temperatura global y la pérdida de biodiversidad, son la creación de asentamientos humanos y el establecimiento de cultivos, especialmente aguacate, en zonas con vocación forestal.

Reiteró que en la desaparición de cobertura forestal participan “muchos factores”, entre los que no se descarta la delincuencia organizada, que podría subsidiar algunos esfuerzos por cambiar el uso de suelo de forestal a habitacional o agrícola; sin embargo, no hay datos de ello.

Luna García agregó que se cuenta con 16 demandas, principalmente por personas y comunidades que rigen la restitución de sus bosques, convertidos sin su consentimiento en zonas productoras de alimentos o residencial.

El titular de la Semarnacc detalló que en la mesa de seguridad ambiental se han iniciado los trabajos para concretar la recuperación de superficies sustraídas a sus propietarios, particulares o comunidades.

Tras señalar que la mayor parte de estas sustracciones se dio con el fin de establecer ilegalmente cultivos de aguacate en zonas boscosas, Ricardo Luna comentó que el ejido de San Francisco, en Uruapan, podría recuperar 70 hectáreas de bosque que requerirán una pronta intervención; 50 hectáreas en El Tecolote, en Zacapu, y 200 hectáreas en el cerro El Comburinda, entre otros.

Aseveró que existen alrededor de 100 personas procesadas por delitos ambientales en la entidad, donde participa la Policía Ambiental con 46 elementos, además de que en breve arribe la Gendarmería Ambiental.