MORELIA, Mich., 21 de mayo 2020. – A través de la Secretaría de Contraloría de Michoacán (Secoem) se da el seguimiento y se ofrece asesoría para la presentación de la Declaración de Modificación Patrimonial 2020; a la fecha, han dado cumplimiento a esta obligación 2 mil 751 servidores públicos estatales

Refiere un comunicado que así lo señaló el titular Francisco Huergo Maurín, quien informó que respetando las medidas de distanciamiento para evitar la propagación del COVID-19, el personal de la Dirección de Normatividad y Responsabilidades de la Secoem, trabaja desde su domicilio para apoyar a sus compañeros de la administración pública, respecto a las dudas que tengan para realizar el llenado de sus declaraciones del sistema electrónico DeclaraNetPlus; asesoría que se está proporcionando a través del correo electrónico [email protected]

En ese sentido, subrayó que, como cada año, es una obligación de cada servidora y servidor público presentar su declaración anual. Por eso, desde el pasado primero de mayo, en la Secretaría de Contraloría del Estado se ha hecho una cordial invitación, a todas y todos los servidores públicos, a que realicen su declaración anual en la página http://www.declaranet.michoacan.gob.mx/

Huergo Maurín hizo énfasis en que, como integrantes del servicio público, es nuestra obligación caminar con el ejemplo, y nuestra responsabilidad, cumplir en tiempo y forma con este mandato.

Asimismo, señaló que los datos proporcionados por los servidores públicos en las declaraciones de situación patrimonial, son confidenciales, a menos que el servidor público autorice de manera expresa su publicación, dando con ello certeza jurídica de que sus datos serán protegidos conforme lo establecen las normas y lineamientos emitidos por el Sistema Nacional Anticorrupción

Bajo ese contexto, manifestó que, en la declaración, son diversos apartados que se tienen que llenar, tales como: datos generales, experiencia laboral, cargo actual, ingresos obtenidos, modificación de activos, entre otros.

“El cumplimiento de esta obligación constituye una herramienta útil para identificar si el desempeño y objetivo de las funciones de las y los servidores públicos es afectado por intereses personales, familiares o de negocios, causando conflictos de intereses reales, potenciales o aparentes”, afirmó.