Corrupción mina políticas públicas en México para atención a inmigrantes

MORELIA, Mich., 25 de agosto de 2017.- La exclusión ciudadana en el diseño de políticas públicas y las redes de corrupción que se establecen en las zonas fronterizas minan las estrategias que se implementan para la atención de inmigrantes de norte y Sudamérica en su tránsito por México o deportación en caso de connacionales, consideran especialistas, quienes advierten que en la configuración del Sistema Nacional Anticorrupción urge focalizar este fenómeno social.

En entrevista con Quadratín, en el marco de su participación en el Primer encuentro de atención y acción a temas migratorios, Juan Carlos Centeno Maldonado, investigador de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, señaló que en México no se cumple con el elemento tripartita: gobierno, técnico y ciudadanos para la elaboración de políticas públicas migratorias.

Al impartir este viernes el taller de Políticas Públicas, un taller técnico para la elaboración de políticas públicas en el área migratoria, el doctor en políticas públicas señaló que el problema es ese para que se puedan establecer políticas públicas, desde que se construye la ciencia de la política pública se requiere de esos tres actores.

“Históricamente en México y el mundo la política pública la hace un gobernante mediante un técnico que los elabore, y la no participación del ciudadano excluye la vivencia de lo que realmente está sucediendo; actualmente tenemos una xenofobia generalizada, un ejemplo es la crisis de Estados Unidos, con un presidente hostil”, dijo.

Al señalar que México tiene décadas con el fenómeno migratorio, siendo tránsito de latinoamericanos para la llegada a los Estados Unidos, se complica por la persecución de los latinos en Estados Unidos y por el cierre del tránsito de las fronteras, sin embargo, no se ha puesto atención para el diseño de una política adecuada.

“Lo que se tiene que hacer es un combate a la corrupción hablando del Sistema Nacional Anticorrupción, específicamente en el sector migratorio, donde los oficiales de migración no sean ratas, que es lo que ocurre, y luego de las restricciones debe de haber realmente un cuerpo jurídico que explique cuáles son los beneficios y las condiciones que la Constitución General permite para que puedan estar en México de forma legal, y no solamente de forma legal”, explicó.

Puntualizó que antes de pensar en la deportación, México debe asumirse como un centro de acogida, brindar asesoría jurídica, otorgar visas humanitarias, generar estados de recepción de menores, mujeres, jóvenes.

Advirtió que ante la xenofobia generalizada será cada vez mayor el número de migrantes que arribe, lo que implicará que si no se promueve una política pública para que se les reubique en espacios productivos en los que sean impulso y pivote para el desarrollo del país, tendremos un conjunto de indocumentados y de gente que  no va a poder vivir, y que se agudizarán violaciones a derechos humanos.

“El punto central es que lo que se impone en México y América Latina son dinámicas de corrupción, al igual que en tránsito de África hacia España, hay coyotes o gente que maneja la mafia de la migración con ganancias de miles de dólares para que trafiquen dentro de territorios con personas; aquí lo sabemos, México sabe que eso ocurre”, advirtió.